XVII. 20 Artículos: El despilfarro autonómico

  

    Juan Espadas, el flamante nuevo secretario de los socialistas andaluces, se ha comprometido cuando gane las elecciones y presida el gobierno andaluz, a que desarrollar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. A los políticos del Estado de la autonomía se les ocurre pocas cosas más que copiar y reproducir instituciones del Estado.

    Y así vamos: elección tras elección, los diecisiete parlamentos autonómicos renuevan a 1.211 diputados regionales y, con ellos, a un ejército de empleados públicos para garantizar el funcionamiento de las diferentes cámaras. Las cuentas anuales de las diecisiete cámaras autonómicas asciende a unos 406 millones de euros para sufragar la actividad de los 1.211 diputados y de sus equipos, así como de la plantilla que integra cada Parlamento, desde conserjes, pasando por el personal de limpieza, taquígrafos... Es decir, el gasto medio cada ejercicio por diputado ronda los 335.178 euros. 

   Sin embargo, este presupuesto no se reparte por igual y la cifra media de gasto por escaño oscila desde los 465.926 euros que cuesta en Cataluña hasta los 157.576 euros que se gasta en La Rioja. La realidad, por contradictoria que parezca, es que los españoles no pagan igual por sus parlamentarios ni los presupuestos de las cámaras son homogéneos. Como botón de muestra de lo dicho, el análisis de los presupuestos del Parlament y de la Asamblea de Madrid.

  A esa cifra, hay que sumar 350 escaños del Congreso de los Diputados y 262 del Senado. Aparentemente y sin un presupuesto por delante, 1.211 parlamentarios autonómicos para 47,2 millones de ciudadanos no parece una cifra excesiva. Es decir, por cada 38.998 residentes en el país hay un político que ha ganado en sus comicios respectivos un escaño. Sin embargo, al analizar esta radiografía autonómica surgen varias incógnitas: ¿todos los parlamentos manejan un presupuesto similar? ¿Cuánto pagan los contribuyentes de media por los mismos? ¿cuesta lo mismo un diputado en Andalucía que en Cantabria? ¿existe diferencia entre las comunidades, en función del color ideológico del partido gobernante?

El Parlament catalán es el que cuenta con la partida presupuestaria para su mantenimiento más elevada de las diecisiete cámaras. En concreto su presupuesto anual alcanza los 2,9 millones, casi el doble del de la Asamblea de Madrid con 32,1 millones. Aunque cuentan con el mismo número de diputados, 135 cada cámara, el gasto por escaño en Cataluña asciende a 465.92. euros al año, mientras en Madrid sigue siendo casi la mitad del catalán, con 237.778 euros. Eso sí, en la comparación de número de habitantes por cada diputado Cataluña aventaja a Madrid, con 58.815 ciudadanos por cada escaño, frente a los 49.967 madrileños por cada parlamentario.

   En el segundo lugar de los parlamentos más caros se sitúa Andalucía, con un presupuesto de 48,8 millones para que 109 diputados puedan desarrollar sus políticas. Es decir, el gasto por escaño es el segundo más caro con 447.706 euros. Ahora bien, es la comunidad en número de habitantes por representante político que sale más favorecida, con 77.995 andaluces por cada diputado.

   Pero ¿existe disparidad, según el partido que ostente el poder autonómico? Las diferencias son notables por territorios, si se divide los presupuestos de los Parlamentos, según el signo político de sus gobiernos autonómicos, por el número de sus habitantes. Estos cálculos arrojan, curiosamente, que los contribuyentes que más aportarían al mantenimiento de sus asambleas regionales serían los residentes en las comunidades en las que gobierna el PSOE. En concreto, los 14,9 millones de españoles de las nueve autonomías con ejecutivos socialistas o con presidentes socialistas con gobiernos de coalición aportarían una media 10,7 euros al año a los presupuestos de sus cámaras, que se elevan a 159,5 millones de euros. Esta cifra representa el 39,3% del total de las cuentas anuales de las cámaras regionales. Es decir, de cada cien euros que se destinan a mantener la actividad parlamentaria autonómica casi 40 se dedican a esos diputados.

   El No-Do se quedó a medio camino entre la propaganda y el noticiario, un tanto inutilizado como instrumento de propaganda a medida que el país iba saliendo de la truculenta estética de la guerra y la posguerra civil y perfectamente irrelevante como noticiario de la nada. Además, las imágenes del Régimen no comunicaban. Para empezar, con los vencidos y poco a poco con las nuevas generaciones que no podían identificarse con aquella galería de truculencias bípedas: desde el mismísimo Franco hasta el león de Fuengirola, pasando por el Borís Karloff del Régimen, el almirante Carrero Blanco. Desde el punto de vista de los noticiarios, el No-Do respetó los componentes ideológicos esenciales de la cruzada: mucha cruz y mucha espada. Desde la Iglesia sin desodorante a la Iglesia jet set del Opus Dei.

     Las plantillas de funcionarios están rebosando; nada menos que 1,6 millones sólo en las CCAA y otros tantos estatales y locales, que en muchos casos se estorban unos a otros para trabajar de tantos como hay. En la Administración Central, a medida que se han ido cediendo competencias del Estado a las Autónomas y que normalmente el trasvase de los servicios cedidos deberían llevar aparejado una paralela reducción de funcionarios no transferidos, pues en lugar de reducirse las plantillas en la medida en que dichas competencias y servicios se iban cediendo y trasvasando a las Autonomías, se seguían convocando más plazas de funcionarios estatales para unos órganos y servicios que supuestamente habían dejado de existir tras ser cedidos; y, por otro lado, también aumentándose las plantillas autonómicas para poder atender esas nuevas competencias y servicios. 

       En los últimos cinco últimos años han subido un 10 % los gastos de personal, que en economía suelen tenerse por gastos improductivos en la medida en que no pueden ser destinados a inversiones, nada menos que 53.500 millones de euros al año cuestan tales gastos anuales en las CCAA; en gastos corrientes, que son con los que se mantiene la actividad diaria de las Consejerías, Parlamentos, empresas públicas, etc. 27.042 millones, siendo un 9,65 % más que en 2007. Unos 8.889 millones son destinados a pagar los intereses de la deuda pública, que cada vez está el Estado más endeudado habiendo alcanzado ya hasta el 100% del PIB, que es tanto como decir que debemos toda la riqueza nacional que tenemos. 

    Se ha gastado una auténtica millonada en construir algunos aeropuertos sin aviones, como ejemplo de fantasía de algunas Autonomía. Y España es generadora de riqueza, pero todo ese dispendio, despilfarro e irresponsabilidad en el gasto no lo puede soportar. Luego, cada vez se dan más alarmantes casos de corrupción. Hasta en prostíbulos y cocaína se ha gastado dinero público por altos directivos, según han declarado en sede judicial sin sonrojarse. El resultado de todo ello es que a los contribuyentes se les muele con impuestos, tasas y contribuciones especiales. Las CCAA crean han creado 34 impuestos nuevos y han subido otros 84 desde 2012 . Sólo en Andalucía el IBI aumentó hasta un 53% en cinco años. Todo ello es una barbaridad y un tremendo abuso.

  Con aparente buen criterio, se toman acuerdos en Consejos de Ministros en los que se anuncian medidas de reestructuración de la Administración del Estado con vistas a racionalizarla, optimizar los recursos y suprimir organismos que sobran, admitiéndose con ello que está sobredimensionada, porque se da también una multiplicidad de órganos y organismos para el desempeño de unas mismas funciones. Por sólo poner dos ejemplos, existe en todas las CCAA un Delegado del Gobierno central y un Delegado del Gobierno autonómico, en las Provincias la Delegación de la Agencia Tributaria y la Delegación de Economía y Hacienda, más la Delegación de la Agencia Tributaria autonómica. 

  Lo que conlleva que muchas veces, además de incrementar considerablemente el gasto público, se confunde a los contribuyentes y ciudadanos, a los que muchas veces ya no saben qué órgano es el que les cita o requiere y a qué centro deben de acudir a realizar las gestiones.  Pero la verdadera reforma en profundidad de las distintas Administraciones Públicas no acaba de llegar; si acaso, se suprime algún que otro puesto de altos cargos que como muchos de ellos, sobre todo en las CCAA, han sido previamente blindados y, tras haberles cesado, hay que crearles nuevos complementos de destino bien dotados, pero muy rara vez se llega amortizar el puesto para eliminar el gasto. 

   Y es ahí donde se cree que hay que incidir más, en la supresión de tantos puestos orgánicos de dirección, de los llamados de “a dedo”, que en muchos casos son meramente decorativos y tienen como único objetivo colocar cada uno a los “suyos”, lo que suele suceder en la dirección de empresas públicas y de otros organismos para estatales creados para eludir controles oficiales, léase ERE, Gürtel, cursos, etc.

• A mediados de 2015, la Conselleria de Agricultura de Baleares contaba con 440 personas. En todas las Islas hay sólo 430 agricultores profesionales.
• El aeropuerto de Castellón, no tiene aviones pero sí un gasto de 400.000 euros por año en halcones para ahuyentar aves.
• La línea de AVE Toledo-Cuenca-Albacete se inauguró a principios de 2011. Sólo la utilizaban de media 9 pasajeros al día de los 2.190 disponibles. El mantenimiento de cada viaje costaba 18.000 euros Se cerró el 1 de julio.
• El Ayuntamiento de Madroñeras, con poco más de 2.000 habitantes tiene 140 empleados públicos.
• El ayuntamiento de Jávea (Alicante), costó seis millones pero tardo cinco años en ocuparse porque no había dinero para la mudanza.
• En Jaén, el 1 de junio de 2011, se publicó en el boletín oficial de la provincia la `Creación y dotación del Centro de Interpretación de las Caras de Bélmez. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El coste de la obra es de 768.000 euros. Un 5% lo paga el consistorio, un 25% la Diputación y el resto la UE.
•  En Extremadura conviven: Fomento de Jóvenes Emprendedores de Extremadura, con un presupuesto de 558.000 euros en personal. Fomento de la Iniciativa Joven, con 1,2 millones en personal. La Sociedad de la Innovación, con 113 trabajadores y dos millones anuales más. Un Centro de Nuevas Iniciativas, con 1,4 millones. El un Consejo de la Juventud, con 0,8 millones. La Agencia para la Cooperación al Desarrollo de Extremadura con ayudas para África. Un Fondo Local de Cooperación para el Desarrollo. Un Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. La Agencia Fomento Exterior de Extremadura y la Agencia de Fomento Extremeño del Mercado Exterior.
• El Ayuntamiento de Madroñeras, con poco más de 2.000 habitantes tiene 140 empleados públicos.
• El 11 de junio de 2011 se publicaba un concurso peculiar: 12 turismos de tres puertas, cuatro de cinco, un todoterreno, seis furgonetas, dos furgones mixtos y otros tres de caja cerrada. Eran para el Ayuntamiento de Getafe el día en el que dejaba el cargo Pedro Castro. En total, 695.000 euros. 
• Artur Mas con una sanidad patas arriba dio un millón y medio de euros extra, el doble que en 2010, para que más de 50 películas norteamericanas se pudieran doblar al catalán.
• En 2010 Cataluña recaudó 900.000 euros de empresas por no rotular en catalán.
•  Poco antes de las elecciones -que perdió- Marcelino Iglesias dejó encarrilada la regulación del catalán como lengua propia aragonesa. - Canarias tiene su propia Academia de la Lengua con 90.000 euros de subvención.
• Un informe judicial sobre Unión Mallorquina de julio de 2011 vio que en plantilla en Palma de Mallorca figuraba un cantante de tangos, para amenizar los actos de partido. Su contrato era de informático del ayuntamiento. Ante el juez reconoció que "informáticamente soy incapaz de realizar función alguna".
• Un consejero de Sanidad del País Vasco compró justa antes de dejar su cargo 60 millones de mascarillas y 50 millones de pares de guantes por más de 4 millones de euros. Hubo que subastarlo porque sólo el alquiler para los 110 millones de piezas sanitarias costaba 9.000 euros mensuales. La venta fue por 40.000 euros.
• En libros de texto oficiales de Aragón se cita como producción primaria la remolacha azucarera, abandonada hace décadas. Se cita la mina de hierro de Ojos Negros, cerrada en 1986; se atribuye al yacimiento del Serrablo tres cuartas partes de la producción de gas natural español, cuando fueron abandonados en 1990 y dice que el ganado ovino suele practicar la trashumancia, hoy residual.

    El Estado de las Autonomías ha venido en depararnos un auténtico despilfarro.  Y es que el Estado español se divide en 17 miniestados y dos Ciudades Autónomas, y en cada uno de ellos con parecida estructura y organización que la del Estado central, y a veces todavía con más organismos que los que tiene la Administración central. En todas las Comunidades Autónomas (CCAA) tenemos un su Presidente y entre 10 a 18 Consejeros, otros tantos viceconsejeros, más Secretarios Generales, Directores y Subdirectores Generales, Jefes de Área, Delegados Provinciales autonómicos, Asesores de todas clases nombrados por libre designación y casi siempre dentro de la clientela de cada Gobierno de turno que esté en el poder; no digamos ya de las llamadas “embajadas”, Delegaciones autonómicas en el extranjero en las Autonomías independentistas y otros organismos y estructuras inconstitucionales e ilegales. 

   Luego se tienen también las correspondientes Asambleas o Parlamentos con un alto número de Diputados, los respectivos Defensores del Pueblo en cada Comunidad, los Consejeros de los Consejos Económico y Sociales, los Consejos Consultivos a modo del Consejo General de Estado central, Gabinetes Jurídicos con cantidad de Letrados a modo de Abogacía del Estado, multitud de Directores de Organismos Públicos autonómicos, Directores de empresas públicas y altos cargos.

        A todo ello hay luego que añadir los correspondientes Gobiernos locales con sus Concejalías, Gerentes, Directores y Asesores de empresas públicas para parar un tren; parecida estructura en Diputaciones Provinciales con no se sabe cuántos Diputados, Presidentes y Directores de Mancomunidades locales.

  El Estado autonómico se creó en nuestro país con la finalidad de descentralizar y desconcentrar la Administración, para que los servicios públicos estuvieran más al servicio de los ciudadanos y el pueblo participara  directamente en la toma de decisiones, acercando la Administración pública a la ciudadanía y a los lugares donde están los verdaderos problemas. Indudablemente, las CCAA han servido en muchos casos para dar una mayor participación al pueblo, para gestionarle muchos servicios y resolverles muchos problemas. En ese sentido, bienvenidas sean siempre las Autonomías. 

      Pero también es cierto que, queriendo liberar a los administrados del poder estatal centralizador, lo que en muchos casos se ha hecho luego es crear unas estructuras autonómicas superpuestas a las del Estado que no han hecho sino aumentar la burocracia, elevar descomunalmente el gasto público y convertir la descentralización llevada a cabo por el Estado en una recentralización aun más fuerte de las propias autonomías respecto de la prestación de los servicios al ciudadano, de manera que si antes el centralismo estaba en Madrid, ahora lo está en las correspondientes capitales autonómicas.

       Pero es que, además, desde el punto de vista político, económico y social, allí donde antes había unidad de criterio en la toma de decisiones generales, ahora lo que se da es un verdadero desbarajuste con tan abultada disparidad creadora de múltiples y serias disfunciones, que no sólo no sirven para resolver los problemas, sino que generan otros nuevos. Ahí están la serie de distintas normas contradictorias que crean los 17 Parlamentos autonómicos para la regulación de las mismas materias, en la mayoría de los casos desarmonizadas las unas Autonomías con las otras, de manera que en lo que en unas se permite en otras se prohíbe.

              Como, por poner sólo varios ejemplos, la desigual regulación de la caza, las 17 autorizaciones que  ahora hay que sacarse para poder practicarla a nivel nacional cuando antes bastaba con una sola licencia; la desigualdad regulación del comercio y los precios en los mercados semioficiales, como que se dé el hecho de que pasar la ITV de los automóviles cueste casi el doble en algunas Autonomías respecto de otras, aun tratándose de un programa de revisión oficial que prácticamente es el mismo. 

     Y luego está en tantos casos la guerra abierta de una Comunidades con otras y de todas respecto del Estado. Así ocurre que el Tribunal Constitucional está colapsado de recursos de inconstitucionalidad de las Autonomías contra el Estado y de éste contra aquéllas. Todo ello, no cabe duda que crea confusión, malestar general, desafección política, merma la confianza, fomenta y ahonda el individualismo, en el sentido de que aquí cada Comunidad va a lo suyo, y no digamos ya en materia de nacionalismos exacerbados y separatismos trasnochados, donde tan lejos estamos llegando, y lo que aun queda por recorrer hasta el 9 de noviembre y después.

    Y está también el complejísimo sistema de financiación autonómica, combinado con la falta de control de las cuentas de las Autonomías, que genera una situación que carece de cualquier racionalidad. El gasto por habitante de las distintas Comunidades presenta unas disparidades enormes, que además no guardan ninguna relación con la renta de dichos entes autonómicos, así que cabe deducir que no están funcionando los mecanismos de redistribución de riqueza que en teoría deberían imperar. 

      Los cupos vasco y navarro constituyen un auténtico expolio para el resto de regiones españolas. Y hay que tener meridianamente claro – lo he dicho muchas veces en mis artículos – que quienes pagan impuestos no son las regiones, sino las personas; en consecuencia, es natural que en un sistema fiscalmente progresivo como el español, se produzca una transferencia neta de renta de las regiones más ricas a las más pobres. 

    Pero en el caso de Navarra y el País Vasco, la transferencia se produce en sentido inverso: son las regiones más pobres las que financian a dos de las regiones más ricas, cuando en la propia Constitución el sistema está diseñado al revés. La disparidad presupuestaria y de financiación hace que la inversión en Sanidad y Educación presente llamativas diferencias entre unas comunidades y otras.

      El estado autonómico, en su forma actual, se ha convertido en una fuente de desigualdad entre los españoles, que reciben servicios que están más o menos dotados presupuestariamente según la región en la que vivan. Al menos el 45% del gasto autonómico no está relacionado con la Sanidad, ni con la Educación, lo que indica que existe margen suficiente para reducir los presupuestos autonómicos sin tocar esos dos pilares del estado del bienestar. 

     El análisis del gasto por habitante en Sanidad y Educación sugiere que también en esas áreas sería posible conseguir enormes ahorros sin afectar a la calidad de los servicios sanitarios y educativos que se prestan, simplemente optimizando los recursos, porque en bastantes autonomías el gasto en estos dos capítulos es a todas luces desproporcionado. Según se cree, resulta, pues, de todo punto indubitado que algo hay que hacer con resuelta determinación, porque España no puede soportar semejante despilfarro. Y continuando así, seguiremos sumido en la crisis.

 

  

Despilfarro autónómico (3)

Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad, reclamaba desde la cárcel Gramsci. Había pasado de nacionalista sardo (¡Los continentales al mar¡, gritaba en su Ghilarza natal Gramsci) a europeísta convencido y secretario general del Partido Comunista Italiano. En 1916 se instaló en Turín; era uno de los tres redactores del semanario socialista El Grito del Pueblo y de la hoja Avanti! Mientras hacía popular el teatro de Pirandello, entonces incomprendido o escarnecido. El 1 de mayo de 1919 seublica el primer número de Orden Nuevo con Gramsci como secretario de redacción.

El 31 de octubre de 1926, Mussolini sufre en Bolonia un atentado que es utilizado como pretexto para eliminar los últimos residuos de democracia: el gobierno disuelve los partidos políticos de oposición y suprime la libertad de prensa. El 8 de noviembre, en violación de la inmunidad parlamentaria, Gramsci es arrestado en su casa y encerrado en la cárcel milanesa de San Vittore.El Tribunal Especial Fascista instituido el 7 de febrero de 1927 juzga a Gramsci de actividad conspirativa, instigación a la guerra civil, apología del terrorismo e incitación al odio de clase. El 19 de julio ingresa en la cárcel de Bari; el médico de la prisión dice que su misión no era mantenerlo con vida. En 1929 inicia sus Quaderni de carcere. Desde 1931 sufre graves enfermedades. En 1937 es liberado pero está ya gravísimo; muere al alba del 27 de abril, de hemorragia cerebral.

Se le conoce principalmente por la elaboración del concepto del bloque hegemónico y por el estudio de los aspectos culturales de la sociedad, la llamada superestructura: la forma de crear y reproducir la hegemonía. Gramsci atribuyó un papel central a la relación entre infraestructura (base real de la sociedad: fuerzas de producción) y superestructura (ideología: instituciones, doctrinas y creencias de una sociedad). Para él, el poder de las clases dominantes sobre las sometidas viene dado por la hegemonía cultural que las clases dominantes logran ejercer sobre las clases sometidas; a través del control del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación.

En época de los fallecidos Villanueva e Isabel Carraco Castilla y León contaba, a través de la entidad pública ADE Internacionalización Excal, con 23 embajadas repartidas por todo el mundo: Madrid y Barcelona (España); Bucarest (Rumania); Bruselas (Bélgica); Casablanca (Marruecos); Cagliaro (Itañia); Córcega (Francia); Düsseldorf (Alemania); Estocolmo (Suecia); Lima (Perú); Lisboa y Oporto (Portugal); Londres (Reino Unido); México D.F. (México); Panamá (Panamá); Paris (Francia); Potsdan, Branderburgo (Alemania); Sao Paulo    (Brasil),; Shanghái (China) y Varsovia (Polonia); Los Ángeles, Nueva York y Miami (EE.UU). Han leido bién: Miami, un paraíso fisal. ¿Para qué quería la Trama Negra una embajada en un paraíso fiscal?

       Las comunidades autónomas han despilfarrado 107.000 millones de euros de dinero público entre 1995 y 2019 en megaproyectos infraestructuras, equipamientos y obras que han resultado rotundamente innecesarias.. Así lo pone de manifiesto el estudio  `En defensa del territorio. Ante los nuevos retos del cambio global´ realizado por la Asociación de Geógrafos de España (AGE) y las universidades de Barcelona, Girona, Valencia, Cantabria, Complutense de Madrid, Tenerife, Sevilla, Málaga y Alicante y León. El estudoi no ha incluido las dotaciones financiadas por los ayuntamientos por la complejidad para recabar estas cifras,

El presidente de AGE ha señalado que se trata de actuaciones `que no se debieron haber hecho  porque han carecido de uso, como carreteras de titularidad estatal o autonómica, aeropuertos, estaciones de tren, desalinizadoras o centros culturales, que además, han sufrido cuantiosos sobrecostes´. También ha explicado que es estudio ha sido `muy voluntarista por carecer ayuda económica del Estado y pretende revelar  la gestión de las administraciones públicas con el fin de que, posteriormente, los ciudadanos puedan tomar decisiones a la hora de ir a votar´.

       España es la nación más antigua de Europa y la tercera del mundo después de Japón y China.  Los historiadores mas conspicuos sitúa el inicio de nuestra unidad nacional en la monarquía visigoda del s. VI, que crea el mayor estado de Occidente sobre las ruinas de Imperio Roman; La recuperación de la unidad nacional en el siglo XVI es en todo caso la reunificación de algo ya existente. Pero el Régimen del 78 y `el café para todos ´dividió España en 17 paisitos donde el gasto quedó a merced de ignorantes y corruptos, la eficacia y la eficiencia sustituida por el clientelismo y la inmoralidad, no responden por su endeudamiento ni rinden cuentas y generan una corrupción desconocida en nuestra historia, generando una gigantesca burbuja de deuda pública de 1,56 billones de euros y una deuda exterior neta de un billón.

   Hay 193 Estados soberanos en el mundo de los cuales solo 25 poseen una estructura descentralizada de gobierno. En aquellos el gasto público centralizado supera el 80 % ; En España es solo del 44%, lo que nos convierte en uno de los primeros paíss del mundo en descentralización, ineficiencia y descontrol. De los 3 millones de empleados públicos, solo 1.000.000 han entrado con pruebas objetivas y transparentes; el resto, 1.100.000 son empleados sobrantes en las autonomías, de los que 720.000 son enchufados.

                                    

        España es, con abrumadora diferencia, el país europeo con más políticos por habitante: en 2018, 445.568 incluyendo los liberados sindicales, el doble que Italia y que Francia, y el triple que Alemania, que con el doble de habitantes tienes tres veces menos cargos políticos. Siempre ha mirado España hacia Francia sobre todo con los ilustrados y afrancesados de finales del siglo XVIII, como Jovellanos, Meléndez Valdés, Cabarrús, Moratín o Quintana.Si nuestra organización administrativa volviera a ser la de nuestro secular modelo, la que soñó Jovellanos, se derivarían ciertos ahorros:

•  Duplicidades. Los chiringuitos que constituyen las comunidades han replicado casi todas las instituciones del Estado: fundaciones, agencias, observatorios, entes público, embajadas, televisiones parlamentos autonómicos (1.248 diputados), consejos... Todo multiplicado por 17 Luego, aeropuerto sin aviones, tranvías sin viajeros, polideportivos sin deportistas,…..

•  Educación:  Exceptuando las ingenierías y la medicina, las universidades públicas son gigantesca fábricas de parados. Hay 50 universidades públicas, 25 de las cuales sería mucho más barato cerrarlas y enviar a los alumnos a formarse en Harvard.
• Empresas públicas.  A 31 de diciembre de 2018 había 1975 empresas públicas estatales y 2.425 autonómicas y locales, total 4.400,creadas esencialmente para enchufar a decenas de miles de familiares y amigos y para ocultar deuda. Sobran 8 de cada 10. Tanto Rajoy como la totalidad de los presidentes autonómicos tienen prometido cerrar la mayoría; se han cerrado un 1% y fusionados un 1,2 %. Sobran todavía 4.000.
• Educación:  Exceptuando las ingenierías y la medicina, las universidades públicas son gigantesca fábricas de parados. Hay 50 universidades públicas, una por provincia, 20 de las cuales sería mucho más barato cerrarlas y enviar a los alumnos a formarse por ejemplo en Harvard.
• Educación: Al contrario que la Sanidad, según el último estudio de la ODCE, el gasto en Educación es el tercero más alto del mundo desarrollado y el que peores resultados obtiene. Su coste se ha incrementado en 14.000 millones de euros -en euros constantes desde que fue transferida-. En la enseñanza superior, exceptuando las ingenierías y la medicina, las universidades públicas son gigantesca fábricas de parados. Hay 50 universidades públicas, 25 de las cuales sería mucho más barato cerrarlas y enviar a los alumnos a formarse en Harvard. La recentralización y el cierre de lo inviable ahorraría unos 10.000 millones. La izquierda más iletrada y demagoga no cesa de pedir más y más dinero para Sanidad y Educación; lo de mejorar la gestión ni se les pasa por la mente a estos ignorantes.
• Sanidad: su costo en 1990 antes de ser transferida a las comunidades era de 33.000 millones de euros; hoy el coste autonómico se ha duplicado 67.000 millones. y su calidad en la percepción de los ciudadanos ha caído tanto que todos los que pueden contratan un seguro privado. legiones de enchufados han entrado creándose una burocracia gigantesca e incompetente; antes los gestores eran profesionales, hoy son nombramientos políticos a dedo para colocar amigos.
• Absentismo: más del 8%, el cuádruple que Europa, y los sindicatos encantados porque los sustitutos son sus familiares y amigos. Los inmigrantes traen a sus familiares para intervenciones o tratamientos que cuestan decenas de miles de euros. La mayoría de los médicos aboga por la recentralización. El gasto por enfermo es menor que en otros países pero solo porque sueldos y mantenimiento llevan años congelados (2). No se recuperarían los 34.000 millones de exceso de gasto. Por ejemplo, de mega hospitales fruto de la incompetencia o la corrupción como La Fe en Valencia o el nunca acabado hospital de Toledo, el mayor de Europa en una ciudad de 83.000 habitantes pagados con deuda, pesarán siempre. El ahorro sería de unos 26.000 millones.
• . Duplicidades, excesos y redundancias. Las CCAA, como si fueran Estados soberanos, han replicado casi todas las instituciones del Estado: fundaciones, agencias, observatorios, entes públicos diversos, embajadas, televisiones (1.600 mill.), el coste de los parlamentos autonómicos, más sus 1.248 diputados, no solo inútiles sino muy negativos, etc. Todo multiplicado por 17 . El despilfarro de esta orgía de gasto, 36.000 millones año. Luego, aeropuerto sin aviones, AVE sin viajeros, polideportivos sin uso, etc.
•  Ruptura de la unidad de mercado. Una de las consecuencias económicamente más destructivas del sistema autonómico ha sido la fragmentación del mercado. Cada reyezuelo/a autonómico decide sus propia normativa para producir, etiquetar, transportar, etc. Estos locos peligrosos ha sacado más de 100.000 leyes autonómica para dividir España; hay decenas de miles de empleados públicos dedicados a crear, instaurar y vigilar barreras interiores y restringir la libre circulación de trabajadores, bienes y servicios. Mientras en la UE se avanza en la unidad de mercado, en España se retrocede. la ruptura del mercado único estaría restando un crecimiento potencial de nuestra economía de unos 50.000 millones de euros.

        En España no se unían Ayuntamientos desde 1981, cuando se integraron dos localidades burgalesas. Fue la que dio lugar al Valle de Losa. Para llevarse a efecto se integraron dos pequeños pueblos, Junta del Río de Losa y Junta de San Martín. En Galicia, la anterior fusión municipal se produjo hace 45 años.

     En cambio, en este tiempo se han producido varias segregaciones de municipios, las últimas segregaciones fueron las de Pinar del Hierro, que se separó de la capital de la isla de El Hierro, Valverde; La Canonja, que hizo lo propio con Tarragona; Villanueva de la Concepción, que se segregó de Antequera (Málaga); Vegaviana, que se separó de La Moraleja (Cáceres) y Alagón del Río de Galisteo (Cáceres).La más reciente es la segregación de Guadiana del Caudillo, que decidió separarse de Badajoz y, tras un referéndum, en 2011, decidió mantener el nombre franquista en 2012.

 

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