¿Somos imbéciles los ciudadanos de este país? No es difícil llegar a esa conclusión observando el comportamiento de los partidos políticos, que nos tratan como a niños prometiendo que no harán lo que en cuanto llegan al poder hacen, engañando y mintiendo sobre lo que es obvio.
El problema es que el observador no sabe bien a qué atenerse cuando estudia el comportamiento de los ciudadanos que han entrado en la lógica de `viva el Betis man que pierda´, la lógica de los hinchas de los equipos de futbol con relación a los partidos políticos. Da igual que el equipo propio sea bueno a malo; sus seguidores le apoyarán, hasta la muerte, declarando enemigos a los seguidores de los equipos rivales.
Esta lógica se ha instalado en una gran parte de los seguidores de los partidos políticos: da igual que nos engañen, que nos estafen, que sus directivos sean corruptos o manifiestamente inmorales; son los nuestros y los otros no; sean como sean, hay que derrotarles. Si a eso se añade la fundamentación y el estilo de los mensajes de los medios de comunicación, de sus numerosas tertulias formadas por expertos en todo que opinan `ex cathedra´.
El observador, que ve el convencimiento con que en las conversaciones cotidianas en bares y centros de trabajo se reafirman las gentes de la calle en las contradicciones más evidentes, no puede tener una opinión del observador muy favorable del ciudadano. Falta formación, capacidad de análisis; y los medios de comunicación y los políticos profesionales, explotando esas deficiencias, le utilizan. A partir de aquí surgen, enseguida, las reflexiones tendentes al fascismo: ¿Es posible una democracia con estas limitaciones en los votantes, con este grado de irresponsabilidad? ¿Tenemos que dar de nuevo la razón al hijo del primer dictador cuando afirmaba que los partidos políticos son intrínsecamente perversos?
No, no es culpa del ciudadano, a quien no le dejan otras alternativas; tampoco es un problema de la democracia, ni siquiera de los partidos políticos como institución. El problema es de una corrupción, inmoralidad e incompetencia monumental de la mayor parte de los políticos, si no todos; y la impunidad, incompetencia e irresponsabilidad con que la mayoría actúa acaba corrompiendo a todos, especialmente cuando la mediocridad dominante impide que nadie pueda ponerla de manifiesto destacando por valores de responsabilidad social.
A eso colabora una gran parte de los medios de comunicación, que se distinguen por su inmoralidad, por el afán de manipular, por su actitud servil al capitalismo dominante y a los políticos en el poder. Muy pocos medios quedan fuera de ese cenagal, lo que conlleva el ataque despiadado de los demás, hasta el punto de que no es aconsejable llevar en la mano determinados periódicos en determinadas instituciones.
Y ¿ qué decir de las instituciones? Una justicia de la que se puede decir cualquier cosa menos que es ciega o que es igual para todo, porque una gran parte del poder judicial tiene una actitud militante con relación a los partidos políticos, y las principales magistraturas están divididas institucionalmente entre jueces propuestos y afines a blancos o negros. ¿Cómo pueden suceder casos tan grotesco como que un jurado popular por cinco votos a favor y cuatro en contra declare `no culpable ´ del delito de cohecho pasivo impropio a un político manifiestamente corrupto como Camps? Otras instituciones no están tan afectadas por este problema, pero lo están por la mediocridad, por atavismos, y corporativismos que hacen durísima la labor de quienes se esfuerzan por mejorar, que se enfrentan a multitud de obstáculos para rebajar su esfuerzo de modo que no pongan en evidencia la mediocridad general.
Veamos algún ejemplo. De los 49 aeropuertos gestionados por el ente público AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), dependiente del Ministerio de Fomento, 38 son deficitarios; sólo 11 dan beneficios: Palma de Mallorca, Alicante, Tenerife Sur, Gran Canaria, Gerona, Lanzarote, Valencia, Ibiza, Bilbao, Sevilla y Fuerteventura. Aun así, los políticos – todos los políticos no importa su signo o ubicación – se afanan en construir aeropuertos. Tenemos el doble de aeródromos comerciales que Alemania cuando nuestra población es algo más de la mitad de la germana. ¿Por qué se hacen inversiones tan desorbitadas en Madrid y en Barcelona y despropósitos como Castellón, Ciudad Real, Huesca, León, Logroño, Pamplona o Albacete? ¿Por qué AENA ha querido levantar un aeropuerto en cada provincia? ¿Por qué, proporcionalmente, tenemos más kilómetros de vías de trenes de alta velocidad y de autopistas que ningún otro país del mundo? ¿Cómo pueden suceder casos como el de Spanair, compañía que se ha cargado la Generalitat por su afán de tener una aerolínea con su bandera?
Son los políticos en los parlamentos y gobiernos autónomos, en los Ayuntamientos o en el Gobierno de España quienes decidieron inversiones irresponsables, cuyo objetivo no es otro que el prestigio de quien lo propuso o su interés en ganar votos; quienes contrajeron deudas, quienes establecieron normas que engendraron el embrión de la crisis, o la dejaron crecer omitiendo la vigilancia debida.
Pero a la hora de responder de todo ello, resulta que deben responder los ciudadanos o los funcionarios; nunca los políticos que se limitan a meros gestos simbólicos confiando en que la imbecilidad que suponen en el ciudadano les hará creer que también ellos hacen sacrificios con gestos retóricos como suprimir la cena de Navidad, eliminar algún coche viejo o despedir los cargos ocupados con gentes del otro partido.
¿Por qué no se retiene el dinero que el Estado aporta a los partidos políticos o las comunidades autónomas a patronales y sindicatos? Es una cantidad más que suficiente para evitar recortes importantes en sanidad u otros elementos del estado de bienestar. ¿Por qué que no se les retiran las dietas o gastos adicionales, además de retenerles el sueldo, al menos en la misma proporción que a los funcionarios? ¿Por qué no se suspende el Senado, que no sirve mas que para colocar adictos, hasta que este resuelta la crisis? ¿Por qué no se suspenden igualmente los parlamentos y gobiernos autonómicos durante dos años? ¿Por qué no se eliminan las Diputaciones, instituciones anacrónicas redundantes en el Estado de las Autonomía? ¿Por qué no se suprimen Ayuntamientos, integrándolos en mancomunidades o distritos de interés, cuando sólo en Castilla y León hay 2.248, el 76% con menos de 500 habitantes? ¿Por qué no se suprimen la mayoría de los más de 7.000 entes públicos que han ido creando los políticos para colocar a sus amiguetes al margen de todas las normas de contratación pública y cargar sus ostentosos gastos de representación, que no le conviene que figuren en los presupuestos públicos?
¿Cómo puede una región pobre como Castilla y León tener, a través de una entidad pública (ADE Internacionalización Excal) 17 delegaciones repartidas por todo el mundo: Bucarest (Rumania), Bruselas (Bélgica), Casablanca (Marruecos), Düsseldorf (Alemania), Estocolmo (Suecia), Lima (Perú), Lisboa (Portugal), Londres (Reino Unido), Los Ángeles, Miami y Nueva York (EE.UU), México D.F. (México), Panamá (Panamá),Paris (Francia), Sao Paulo (Brasil), Shanghái (China) y Varsovia (Polonia)? Para qué quiere un político corrupto como Villanueva mantener una delegación en Miami, un paraíso fiscal?
Deben ser los ahora denostados funcionarios quienes resuelvan La atención a las cuestiones de trámite y decisiones obligadas. Y con esa decisión se evitarían muchas ideas geniales y tentaciones inversoras o generadoras de votos, de manera que el ahorro directo o indirecto sería importante. Pero no, los políticos son contrarios a semejantes planteamientos y argumentarán todo género de problemas y acusaciones para impedirlos; mientras comentarán que el sueldo de los políticos es de los más bajos de Europa, como si el de los obreros o el de los funcionarios se encontrara entre los más altos. Y con esa desvergonzada justificación, mantendrán sus elevados emolumentos, mientras el Estado regala a cada parlamentario jutes tecnológicos, seguros de vida y otros beneficios que suponen más de 2.000 euros per cápita (una simple multiplicación permite saber cuantas pensiones deben congelarse para asegurar ese beneficio)
¿Es que quieren provocar una revolución? ¿Es que quieren probar hasta donde es capaz de tolerar la ciudadanía? ¿Es que creen que sencillamente dejándose arrastrar y diciendo que ellos sufren mucho aplicando medidas tan graves al ciudadano quedan exentos de responsabilidad?
Luis Vicente García- Merino es catedrático de Geografía de la Universidad de Cantabria
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