4. 2 Nervios el 23 F

 

Podían admitir a Felipe González. Incluso a Carrillo. Pero odiaba a Suárez como solo sabían hacerlo aquellos militares a quienes había tocado en desgracia luchar contra sus hermanos de patria; aunque compartía con él una afición que suele anudar complicidades: el póquer. Ángel Campano López, máxima autoridad militar de Valladolid y enemigo acérrimo de la política llevada a cabo desde 1977 por el presidente del Gobierno, juega al póquer en su despacho de Capitanía, frente a la iglesia de San Pablo. La partida de esta tarde de lunes, 23 de febrero de 1981, no es una novedad. Lo suele hacer siempre que regresa de cacería, después de un desfile o tras haber presidido el correspondiente acto militar. Ufano y distendido, el capitán general anima la jornada con tragos de alta graduación mientras intercambia expresiones coloquiales con dos viejos amigos, Antonio Quintero y Juan García Cortés. También está al tanto de la segunda vuelta de la votación que está teniendo lugar en el Congreso para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, radiada en directo por la SER.

Campano López, Ángel. Lagunilla (La Rioja), 3.IX.1915 – Paso Alto, Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) 21.VII.1995. Teniente general del Ejército y procurador en Cortes.

La trayectoria profesional de este militar estuvo marcada por tres acontecimientos. El primero, la pertenencia al grupo de los alféreces provisionales; integrado por civiles que se incorporaron al Ejército durante la contienda civil y que permanecieron en él finalizado el conflicto. Está considerado el colectivo militar más leal al régimen franquista. El segundo, la adscripción al sector azul –falangista– del Ejército, lo que le permitió disfrutar de importantes destinos durante el franquismo, pero también supuso su ostracismo en el periodo de Transición. El tercero, una brillante hoja de servicios, que facilitaría su ascenso a los empleos más altos del escalafón a edades relativamente tempranas.

En esta trayectoria, se pueden distinguir cuatro etapas significativas. La primera, la Guerra Civil. El 18 de julio de 1936, Campano era un estudiante de Veterinaria que se incorporó a una unidad de la organización paramilitar del carlismo, el Tercio de Requetés Abarzuza. En los tres años siguientes, pasaría dos veces por las academias de transformación –gracias a su formación universitaria y a la carencia de oficiales en el Ejército sublevado–, convirtiéndose primero en alférez provisional de Infantería y posteriormente en teniente del mismo tipo. Y también participaría en numerosos combates, obteniendo el 9 de agosto de 1939, la segunda condecoración más importante del Ejército español, la Medalla Militar Individual (MMI) por su actuación en enero de ese mismo año en el pueblo de La Llavinera (Barcelona), y un ascenso por méritos de guerra, teniente de Infantería, desde el 31 de marzo de 1939. Terminado el conflicto, Campano sería uno de los 10.709 alféreces provisionales que pasaron a engrosar los escalafones del Ejército.

La segunda etapa, la campaña alemana de la Unión Soviética, donde participó como voluntario en la División Azul entre 1941 y 1942. En esta decisión del entonces teniente influyeron tres causas. La primera, su adscripción a la ideología falangista que, como en otros muchos jóvenes oficiales se produjo durante el conflicto o en los meses inmediatamente anteriores a este, y que en su caso permanecería durante el resto de su vida. La segunda, el anticomunismo, convertido en un rasgo común entre todos los oficiales del Ejército vencedor del conflicto civil. Y la tercera, la perspectiva de mejorar su carrera militar dentro de un ejército macrocefálico. Este último objetivo lo lograría gracias a sus acciones bélicas, ya que el 14 de abril de 1945 sería premiado con un avance en el escalafón, ascendiendo a comandante; lo que le permitiría superar a numerosos compañeros de armas, facilitando así su ascenso al generalato.

La tercera etapa se desarrollaría entre su ascenso al empleo de general de brigada de Infantería el 17 de diciembre de 1965, con tan sólo cincuenta años, y la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975. Esos diez años se caracterizaron por una importante modernización de las estructuras socioeconómicas que transformaron a España en un país industrial. Esa transformación fue acompañada de la puesta en marcha de dinámicas de movilización popular, y de acciones terroristas desencadenadas por Euskadi Ta Askatasuna (ETA), los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) que, a partir de 1973, coincidieron con un debilitamiento irreversible del régimen como consecuencia del asesinato del presidente del Gobierno almirante Luis Carrero Blanco el 20 de noviembre de 1973 y la enfermedad del dictador. En estas delicadas circunstancias, el Gobierno optó por colocar a militares de absoluta confianza en los destinos más importantes. Uno de ellos era Campano López, que como general de brigada de Infantería fue nombrado inspector general de la Policía Armada –lo que suponía la jefatura de la misma–, como general de División –a partir del 2 de julio de 1969– gobernador militar de Madrid, y como teniente general –a partir del 8 de diciembre de 1972– capitán general de la I Región Militar (Madrid), donde resultó clave en la desarticulación de la Unión Militar Democrática (UMD). Es más, en abril de 1974, un grupo de militares azules –del que formaban parte los tenientes generales Carlos Iniesta Cano y Campano– pusieron en marcha un plan con el apoyo de la propia familia Franco, cuyo objetivo era que Campano sustituyese a Iniesta Cano al frente de la Dirección General de la Guardia Civil, cuando este se retirase el 12 de mayo de ese año y que Iniesta hiciera lo propio con Manuel Díez Alegría al frente del Alto Estado Mayor (AEM). De esta forma, la cúspide de las Fuerzas Armadas (FAS) y la más importante de las fuerzas del Ejército –la Guardia Civil contaba con 66.000 hombres, disciplinados y bien entrenados, en sus filas– estarían en sus manos cuando se produjera la ya próxima muerte del dictador; lo que podría ser clave para determinar el futuro próximo del país. El plan triunfó en parte, ya que Campano se convirtió el 10 de octubre de 1975 en director general de la Guardia Civil, pero Iniesta Cano no obtuvo la jefatura del AEM. Cuarenta días después moriría el general Franco. Pero, resuelta significativo señalar que estas maniobras políticas de Campano no eran del agrado de sus compañeros, salvo los azules. Así, en un documento fechado en agosto de 1975, se le definía como “Politizado; en el mundo de los negocios; ambicioso. Muy afecto a Franco. Se supone irá a la Casa del Generalísimo en Octubre. También se habla de él como Ministro del Ejército y Jefe del Gobierno. Poco prestigio en el Ejército por su politización”.

La cuarta etapa se corresponde a la Transición, caracterizada por el ostracismo de Campano. Inicialmente, tanto Arias Navarro como Suárez, le mantuvieron al frente de la Guardia Civil, a pesar de que por su ideología y su politización, no podía jugar un papel importante en el proceso de cambio político que se iniciaba. El teniente general, que también era procurador en Cortes, correspondió a esta confianza votando “sí” a la Ley para la Reforma Política el 18 de noviembre de 1976. No obstante, poco después, y aprovechando unos brotes de indisciplina en el seno de la Guardia Civil, fue cesado en su destino; siendo sustituido por Antonio Ibáñez Freire, uno de los generales de máxima confianza del vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa, capitán general (honorario) Manuel Gutiérrez Freire. Este militar sería clave cuando el 9 de abril de 1977 se produjo la legalización del Partido Comunista de España (PCE), ya que fue uno de los tenientes generales que evitaron que el malestar militar se convirtiese en una intervención institucional del Ejército en contra del Gobierno.

Respecto a Campano, y tras permanecer unos meses en situación de disponible, fue nombrado capitán general de la VII Región Militar (Valladolid). Durante los cinco años que permaneció al frente de la misma –un destino menor dentro del organigrama militar español–, mantuvo una posición crítica ante el proceso de cambio político, como manifestó a la periodista de ABC María Mérida; a la vez que se negaba a ejercer ningún tipo de liderazgo en el seno del Ejército, a pesar de ser el teniente general más antiguo, lo que contrastaba con su ambición anterior. Esta actitud tuvo su manifestación más explícita en mayo 1979, cuando los tenientes generales que formaban el Consejo Superior del Ejército (CSE) le pidieron que encabezara la terna sobre la que el Gobierno debía elegir al Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME) –máxima jerarquía del Ejército–. Campano se negó con el argumento de su avanzada edad y su precaria salud. Precisamente esa posición política crítica unida a su falta de ambición profesional, convencieron al teniente general Milans del Bosch y al general de división Alfonso Armada Comyn de que apoyaría el golpe de Estado del 23-F, a pesar de ser más antiguo que ellos en el escalafón. De hecho, durante esa jornada, Campano estuvo tentado en hacerlo, como recogen las declaraciones sumariales y el testimonio de algunos protagonistas como Armada, y si al final no apoyo la operación fue por la actitud opuesta del gobernador militar de Valladolid, general de división Manuel María Mejías y de otros mandos de la región militar. Tras el fracaso de la operación golpista, se hicieron públicas las dudas de Campano. El Gobierno aprovecharía la Ley 20/1981, de 6 de Julio, de Creación de la Situación de Reserva activa y Fijación de las Edades de Retiro para el Personal militar profesional, para cesarle el 8 de agosto de 1981, pasándole a la Reserva. No volvió a recibir ningún destino más.

Ángel Campano López murió a los 79 años en Santa Cruz de Tenerife, el 21 de julio de 1995.

El golpe de Estado de 1981, también conocido por el numerónimo 23F,^{nota 2}​ fue un intento fallido de golpe de Estado perpetrado el 23 de febrero de 1981 por algunos mandos militares en España. Los hechos principales sucedieron en las ciudades de Madrid y Valencia.

En Madrid, a las 18:23 horas, un numeroso grupo de guardias civiles a cuyo mando se encontraba el teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Palacio de las Cortes durante la votación para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, hasta entonces vicepresidente segundo del Gobierno y diputado de la Unión de Centro Democrático (UCD). Los diputados y el Gobierno de España al completo fueron secuestrados en su interior.

La ciudad de Valencia fue ocupada militarmente, en virtud del estado de excepción proclamado por el teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III región militar. Dos mil hombres y cincuenta carros de combate fueron desplegados en las calles de la ciudad.

A las 21 horas de ese mismo día, el diario El País pone en la calle una edición especial posicionándose contra el Golpe con el titular en primera plana: «El País, con la Constitución».¹​ A la una de la madrugada del 24 de febrero, el rey Juan Carlos I, vestido con uniforme de capitán general de los Ejércitos, se dirigió a la nación por televisión para situarse en contra de los golpistas y defender la Constitución española. Poco después, Milans dio la orden de regresar a sus unidades a los contingentes militares que ocupaban Valencia. El secuestro del Congreso terminó a mediodía del día 24.

Miguel Ángel Campano Mendaza¹​ (Madrid, 11 de febrero de 1948²​-Cercedilla, 5 de agosto de 2018)³​ fue un reconocido pintor encuadrado por la crítica en la «generación de la renovación de la pintura española»,⁴​⁵​ galardonado, entre otros premios, con el Nacional de Artes Plásticas en 1996.⁶​

Fue el tercero de cinco hermanos, hijo del general Ángel Campano López.²​ Cursó estudios de bellas artes en Valencia y de arquitectura en Madrid.⁷​²​ Inició su trayectoria artística en 1969, realizando su primera exposición individual en Bilbao. En 1971 expuso en distintas localidades españolas —Pamplona, Santander y Valencia— y ese mismo año conoce al pintor abstracto Fernando Zóbel,⁷​ uno de los impulsores del denominado Grupo de Cuenca y fundador del Museo de Arte Abstracto Español. Continuó exponiendo en Madrid y Sevilla y trabó amistad con el pintor José Guerrero, a quien se señala como una influencia fundamental en Campano.⁷​⁸​ En 1976 se trasladó a París,⁸​ ciudad que se convirtió, junto a Sóller en Mallorca, en un punto de residencia habitual del artista. La estancia en Francia le permitió conocer la obra de pintores que han inspirado su obra en distintos momentos como Cezanne o Delacroix, entre otros muchos.⁵​⁹​⁸​ En los años 1980 participó en las grandes exposiciones colectivas del momento de los jóvenes artistas españoles —Miquel Barceló, José Manuel Broto o José María Sicilia—⁵​ en España, Francia y Estados Unidos, así como en exposiciones individuales por toda España —desde Navarra hasta Granada—, Francia —Nimes y París— o en Bruselas (Bélgica).

El conjunto de su obra se ha considerado un lugar de experimentación y transgresión.⁵​ Se le ha vinculado al automatismo en sus inicios, a la abstracción geométrica y el informalismo.⁹​ Se destaca de su producción la reinterpretación en varias series de la pintura francesa de Cezanne y de Poussin,¹⁰​ entre otros, así como del cubismo.⁵​ Su estancia en 1994, 1995 y 1996 en la India dio como resultado un novedoso interés por el color en su obra inmediata posterior¹¹​ y siguió trabajando a pesar de haber sufrido en 1996, un grave derrame cerebral y posteriores complicaciones de salud.^{nota 1}​ Las dos exposiciones más destacadas sobre su obra han sido las celebradas en Valencia por el IVAM en el Centre del Carmen en 1990-1991 y la que tuvo lugar en el Palacio de Velázquez en Madrid entre junio y septiembre de 1999.²​

En 1996 fue galardonado en España con el Premio Nacional de Artes Plásticas¹​ por «su decisiva contribución al debate de la nueva pintura española» y el «rigor y la valentía con las que ha desarrollado una obra en la que se alían ejemplarmente construcción y expresividad».⁴​ Obras de Campano se encuentran en museos como el Reina Sofía de Madrid, el de Arte Abstracto de Cuenca, el de Bellas Artes de Bilbao, el ARTIUM Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, el Centro Georges Pompidou en París o la colección de la Hastings Foundation en Nueva York.

Notas[editar]

1. ↑ Miguel Ángel Campano sufrió un derrame cerebral en 1996. Después se resintió con varias caídas hasta que ha debido permanecer en silla de ruedas con un alto grado de invalidez, lo que «marca inevitablemente un antes y un después en su vida»¹²​

El Tribunal Supremo, en casación, condenó a 30 años de cárcel a Milans, Tejero y Alfonso Armada como principales responsables del golpe de Estado. En total doce miembros de las Fuerzas Armadas, diecisiete miembros de la Guardia Civil y un civil fueron condenados. Menos Tejero, todos ellos fueron indultados o salieron de la prisión antes del año 1990.

Como ha destacado Juan Francisco Fuentes, «el estrepitoso fracaso del golpe trajo consigo la consolidación de una democracia tambaleante y la derrota definitiva del golpismo, del que puede decirse que ya nunca levantó cabeza».²​ «El 23-F fue el resultado de una tradición militarista que murió con él», añade Fuentes.

El Ejército en la dictadura franquista constituyó uno de los tres pilares del régimen junto con la Iglesia Católica y el partido único Falange Española Tradicionalista y de las JONS (o Movimiento Nacional),⁴​ e incluso se podría considerar el más importante. Así lo constató Francisco Franco Salgado-Araujo, primo y secretario militar del Caudillo, en el apunte de su diario (publicado nada más morir Franco) correspondiente al 28 de octubre de 1955: «Se habla demasiado del Movimiento, de sindicatos, etc., pero la realidad es que todo el tinglado que está armado sólo se sostiene por Franco y el Ejército».⁵​ Algunos autores han llegado a considerar la existencia de la «familia militar», dentro de las «familias del franquismo» (falangistas, católicos, monárquicos -carlistas y juanistas-...). Sería la menos definida ideológicamente y a su vez tendría componentes cercanos a todas las demás.^{nota 3}​ Sin embargo, Roberto Muñoz Bolaños considera que los militares no fueron una de las «familias del franquismo» sino que conformaron «un poder autónomo superior a cualquiera de esos grupos políticos, ya que habían sido el poder constituyente y eran el principal garante del franquismo», tal como quedó establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado: «Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituidas por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden Público, garantizan la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional».⁶​

El régimen franquista respondió a los postulados del militarismo (y del pretorianismo) desarrollados en España desde principios del siglo xx. El exministro y militar Jorge Vigón en Teoría del militarismo (1955) sostuvo que entre los «deberes del Ejército» se encontraba el de ser «vigilante defensor de los valores y constantes históricas de su nación». Pocos años antes ya había afirmado que «el Ejército tiene una "función política" que cumplir».⁷​ En el tardofranquismo la concepción militarista permanecía inalterada. Con motivo de las movilizaciones de protesta dentro y fuera de España por el «proceso de Burgos» el capitán general de Cataluña Alfonso Pérez Viñeta manifestó en diciembre de 1970 que «el Ejército está dispuesto a no permitir jamás la vuelta de la horda que ya puso en peligro la existencia de la Patria», y que «si fuera preciso se llamaría otra vez a Cruzada para barrer nuevamente de nuestra Patria a los hombres sin Dios y sin Ley».⁸​ A mediados de 1975 el teniente general Francisco Coloma Gallegos (exministro del Ejército), en un acto público con miembros de la Organización Sindical franquista dijo: «El Ejército está unido a ese otro ejército que formáis vosotros los sindicalistas, dispuestos a mantener el desarrollo conseguido por España. Y en este objetivo encontrará siempre la ayuda y la colaboración del Ejército, al mismo tiempo que nuestra repulsa para el que no sepa estar dentro de los límites del orden, la paz y que no sepa valorar las grandes metas conseguidas por el Caudillo».⁹​

Que el Ejército era el último garante del régimen («el guardián del franquismo»)¹⁰​ lo reconoció el propio Franco en diversas ocasiones. El 29 de octubre de 1970 en un discurso pronunciado ante el Consejo Nacional del Movimiento en conmemoración del mitin del Teatro de la Comedia de 1933 (acto fundacional de Falange Española) el Generalísimo dijo que el Ejército era el «custodio celoso de la conciencia nacional» y que por eso el 18 de julio de 1936 «se levantó en defensa de una civilización cristiana y de unas tradiciones».¹¹​ Cuando en febrero de 1971 el general Vernon A. Walters, segundo jefe de la CIA, le preguntó en una audiencia privada sobre qué sucedería tras su muerte el Caudillo le respondió que «el Ejército nunca permitiría que las cosas se escaparan de las manos».¹²​ El 28 de agosto de 1974, cuando se encontraba pasando unos días de descanso en el Pazo de Meirás tras haber salido del hospital (en aquel momento el Jefe del Estado interino era el príncipe de España don Juan Carlos) le dijo al ministro «ultra» José Utrera Molina, quien le había hablado de unos supuestos planes para incapacitarlo por lo que era urgente que recuperara sus poderes: «No olvide que, en último término, el Ejército defenderá su victoria».¹²​

Sin embargo, Juan Francisco Fuentes ha matizado el militarismo bajo el régimen franquista y las consecuencias que tuvo durante la transición. Según este historiador, para asegurar su poder omnímodo «el dictador hizo mucho por extirpar del Ejército sus querencias intervencionistas. Fue, podría decirse, el padre castrador de una institución que bajo su caudillaje perdió algunos de sus viejos hábitos y desarrolló una adhesión ciega al poder establecido. Esa actitud continuó después por pura inercia y por lealtad al rey, su nuevo jefe supremo... Ayudó también la reforma impulsada por el general Manuel Díez-Alegría en los años sesenta para despolitizar las Fuerzas Armadas y prepararlas para un futuro sin Franco. Su continuador en la década siguiente será el general Manuel Gutiérrez Mellado, miembro destacado del círculo de militares reformistas que tuvo en Díez-Alegría a su principal mentor».¹³​

Pero el mismo Juan Francisco Fuentes constata que en los años finales de la Dictadura, especialmente tras el asesinato de Carrero Blanco en diciembre de 1973, «el Ejército estaba dejando de ser un bloque monolítico y la forma de combatir el terrorismo o la necesidad de introducir algunas reformas podían provocar graves discrepancias». No deja de ser sintomático que los sectores «ultras» lanzaran el grito de «¡Ejército al poder!». En las Fuerzas Armadas las posiciones «reformistas» eran minoritarias (como lo demostraría la destitución en junio de 1974 del teniente general Manuel Díez-Alegría como Jefe del Alto Estado Mayor, después de haber conseguido parar la «noche de los cuchillos largos» que pretendieron llevar a cabo los militares más radicales como reacción al asesinato de Carrero Blanco). Predominaba, en cambio, «un sentido inmovilista de su misión institucional, en consonancia con las tesis defendidas por una prensa ultraderechista [Fuerza Nueva, El Alcázar] que gozaba de gran predicamento en los cuarteles».¹⁴​

El Ejército ante la Transición[editar]

Como ha destacado Juan Francisco Fuentes, «muerto Franco, la lealtad al rey, el acatamiento, aunque fuera a regañadientes, del poder constituido y la ruptura de la tradición golpista hicieron más llevadera la difícil convivencia con una democracia en construcción. Pero en un contexto de aguda crisis social, económica y territorial y de brutal ofensiva terrorista, dirigida precisamente contra el Ejército y las fuerzas del orden, la eficacia de aquellos factores paliativos tenía que ser limitada. Todo ello explica la existencia de un malestar estructural en las Fuerzas Armadas, que en el lenguaje de la época se acabó conociendo como "ruido de sables" y que los más extremistas quisieron convertir en argumento para una acción de fuerza».¹³​ A esto habría que añadir la presión que ejercieron sobre los militares los sectores políticos y sociales asociados con el régimen franquista que se oponían radicalmente a la «reforma política».¹⁵​

Charles Powell, por su parte, sostiene que «a pesar de su indudable influencia, los militares no ocupaban el poder bajo el régimen de Franco, y por tanto la tarea de los reformistas civiles no consistió en desplazarles de él, sino en garantizar en la medida de lo posible su aceptación de los cambios en curso, o al menos su no intervención en el proceso. Esto explica en no poca medida el interés de los reformistas por respetar en todo momento la legalidad vigente, precaución que privó a las Fuerzas Armadas del único pretexto legal que podían haber aducido para frenar el proceso democratizador a la fuerza». Además los reformistas actuaron «en todo momento en nombre del monarca, a quien los militares siempre percibieron como el comandante de las Fuerzas Armadas y el sucesor nombrado por Franco, lo que facilitó notablemente la transmisión de lealtades de un régimen a otro». Powell también destaca que, «aun aceptando que la mayoría vio con recelo el proceso democratizador, las Fuerzas Armadas carecieron de un proyecto posfranquista propio, de líderes capaces de articularlo, y del mínimo apoyo social imprescindible para implementarlo».¹⁶​

La reunión de Suárez con la cúpula militar del 8 de septiembre de 1976[editar]

El presidente del Gobierno Adolfo Suárez en 1977.

El obstáculo que más preocupaba al gobierno de Adolfo Suárez (nombrado en julio de 1976 por el rey Juan Carlos I)¹⁷​ para sacar adelante la «reforma política» que diera paso a un régimen democrático, no era lo que pudiera decir la oposición democrática, sino las Fuerzas Armadas pues Suárez era consciente de que estas se consideraban el garante último del «legado de Franco».¹⁸​¹⁹​ De hecho uno de los militares que se mostraba más crítico se encontraba dentro del propio gobierno: era el vicepresidente para Asuntos de la Defensa, el general Fernando de Santiago. Su oficina emitió un documento clasificado como de máximo secreto el 2 de septiembre, seis días antes de la reunión que iba a mantener el presidente Suárez con la cúpula militar —según Roberto Muñoz Bolaños, había sido elaborado por el exministro franquista Gonzalo Fernández de la Mora—²⁰​. En el documento se decía que «parece conveniente no desaprovechar la ocasión para exponer el límite tolerable de la reforma política según el sentir de las Fuerzas Armadas y evitar verse en la necesidad del protagonismo político que supondría la aplicación del artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado.^{nota 4}​ [...] Parece aconsejable por tanto que algún Capitán General formule algunas preguntas que obliguen al Presidente a exponer con concreción la política a seguir por el Gobierno y que al mismo tiempo se haga saber el sentir al respecto de las Fuerzas Armadas».²¹​ En el documento se sugería que se formulara la siguiente pregunta:²²​²³​

Existe la inquietud de que con la política de diálogo y tolerancia con la oposición se está propiciando un cambio de Régimen hacia un sistema parlamentario que pueda arrastrar a la Corona ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para evitarlo sin recurrir al artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado? ¿Es verdad que aunque se ha negado formalmente la entrada en España de Santiago Carrillo, se le tolera y de hecho está teniendo lugar?

Palacio de Villamejor, situado en el Paseo de la Castellana número 3, sede de la Presidencia del Gobierno. Allí tuvo lugar la reunión entre el presidente Adolfo Suárez y la cúpula militar el 8 de septiembre de 1976.

El 8 de septiembre se produjo la reunión prevista de Adolfo Suárez con la cúpula militar para convencer a los altos mandos de la necesidad de la reforma —asistieron veintinueve generales y almirantes—.²⁴​ En esa reunión se habló de los límites que nunca se traspasarían: no se cuestionaría ni la Monarquía ni la «unidad de España»; no se exigirían responsabilidades por lo acontecido durante la Dictadura franquista; no se formaría ningún gobierno provisional que abriera un proceso constituyente; no se legalizarían los partidos «revolucionarios» —en este punto los militares incluían al Partido Comunista de España, su «bestia negra» desde la guerra civil—. En fin, que el proceso que conduciría a las elecciones siempre estaría bajo el control del gobierno. Una vez clarificados los límites, los recelos del Ejército quedaron aparentemente disipados y Suárez obtuvo el visto bueno para el proceso que iba a emprender.²⁵​²⁶​ Cuando concluyó el acto el capitán general de Burgos, Mateo Prada Canillas, le dijo a Suárez: «Presidente, ¡viva la madre que te parió!».²⁴​²⁷​ Sin embargo, el general Alfonso Armada, entonces secretario de la Casa Real, le transmitió al rey una versión menos triunfalista.²⁸​

La primera crisis con los militares²⁹​ no tardó mucho tiempo en producirse. El general De Santiago se manifestó contrario al desmantelamiento de la Organización Sindical franquista que se estaba planeando y sobre todo a los contactos que estaba manteniendo el gobierno con el sindicato clandestino Comisiones Obreras —y también con la ilegal UGT—, por lo que fue cesado de su cargo de vicepresidente del Gobierno y retirado del servicio activo.³⁰​³¹​³²​³³​ «La ruptura se produjo en una entrevista muy poco amistosa en la que Suárez y De Santiago pudieron comprobar el abismo político que los separaba. La conversación alcanzó su momento de máxima tensión cuando el general le recordó que España era un país propenso a los golpes militares y Suárez, que no era hombre que se dejara intimidar fácilmente, le contestó con una advertencia apenas velada: "Te recuerdo, Fernando, que en España sigue vigente la pena de muerte"».³⁴​ Fue sustituido por el general Manuel Gutiérrez Mellado, un militar «reformista» del círculo del general Manuel Díez-Alegría,³⁰​³¹​ y a quien Suárez ya le había ofrecido la cartera de Gobernación cuando formó su gobierno pero Gutiérrez Mellado la rechazó.³⁵​ Su nombramiento no fue bien acogido por los otros ministros militares porque Gutiérrez Mellado tenía menos antigüedad que ellos (acababa de ser ascendido a teniente general). El ministro de Marina, el almirante Gabriel Pita da Veiga (militar que había estado muy unido a Franco), fue el más decepcionado pues pensaba que el cargo de vicepresidente para Asuntos de la Defensa tendría que haberlo ocupado él. Los tres ministros militares se plantearon dimitir pero fueron disuadidos por el rey.³⁶​³⁷​

El mismo día 22 de septiembre de su «cese amistoso y pactado» —esa fue la versión oficial—, De Santiago envió una carta privada a los tenientes generales y almirantes que pronto se hizo pública en la que denunciaba la intención del Gobierno de legalizar a «las centrales sindicales CNT, UGT y FAI, responsables de los desmanes cometidos en la zona roja, y de las CC. OO., organización del Partido Comunista», a lo que añadía: «la compresión tiene el límite de las interpretaciones equívocas que algunos pudieran atribuirle». Su «cese-dimisión» fue aplaudido por la extrema derecha y el día 23 Antonio Izquierdo, director del ultraderechista El Alcázar, invitaba a los miembros de las Fuerzas Armadas a seguir el ejemplo de De Santiago en un artículo publicado en primera página con el título «Solo un hombre». Cuatro días después el mismo diario publicaba una carta del teniente general Carlos Iniesta Cano, procurador en Cortes y exdirector de la Guardia Civil, en la que se solidarizaba con De Santiago al que expresaba su «personal admiración». Llevaba por título «Una lección de honradez y patriotismo». El Gobierno reaccionó enviándolo también a la reserva.²²​³⁰​³¹​³⁶​³⁸​³³​ Simultáneamente la extrema derecha civil y militar lanzaba una campaña contra el «señor Gutiérrez», en referencia al general Gutiérrez Mellado al que le negaban su pertenencia al estamento militar.³⁹​ Sin embargo, los dos tenientes generales ganaron el recurso que presentaron contra la decisión del Gobierno de pasarlos a la reserva —alegaron que no habían sido escuchados tal como determinaba la ley— por lo que siguieron en el servicio activo y a partir de ese momento ambos fueron jaleados por la prensa de extrema derecha.⁴⁰​

En la votación de las Cortes franquistas del 18 de noviembre de 1976 que aprobó por abrumadora mayoría la Ley para la Reforma Política, entre los 59 procuradores que votaron en contra había siete tenientes generales y dos generales. De los siete tenientes generales, tres habían sido ministros con Franco (Antonio Barroso y Sánchez Guerra, Juan Castañón de Mena y Julio Salvador y Díaz-Benjumea), dos capitanes generales (Alfredo Galera Paniagua y Alfonso Pérez Viñeta), uno director general de la Guardia Civil (Carlos Iniesta Cano) y el último director general del Tesoro (Álvaro de Lacalle Leloup). Todos ellos nombrados directamente por el Caudillo.⁴¹​ Por el contrario, el ministro de Marina Gabriel Pita da Veiga votó a favor. «Mi conciencia está tranquila porque la reforma democrática se hará desde la legalidad franquista», afirmó.⁴²​

La crisis provocada por la legalización del Partido Comunista de España (abril de 1977)[editar]

Portada de Mundo Obrero, órgano oficial y clandestino del Partido Comunista de España, dando la noticia de su legalización el 9 de abril de 1977 (el «Sábado Santo Rojo»). Aparecen también las fotografías de sus dos principales líderes, Dolores Ibárruri, Pasionaria, y Santiago Carrillo.

El 9 de abril de 1977, aprovechando que medio país estaba de vacaciones de Semana Santa, el presidente Suárez tomó la decisión más arriesgada de toda la transición: legalizar al Partido Comunista de España (PCE).⁴³​⁴⁴​ Ese día, Sábado Santo, los comunistas salieron a la calle con sus banderas rojas para celebrar que después de treinta y ocho años volvían a ser un partido legal en España. Las reacciones negativas se produjeron a partir del día siguiente, a pesar de que era Domingo de Resurrección,⁴⁵​ y la más grave fue la de las Fuerzas Armadas. El ministro de Marina, almirante Gabriel Pita da Veiga, dimitió el lunes 11 de abril y el gobierno tuvo que recurrir a Pascual Pery Junquera, un almirante de la reserva y amigo de Gutiérrez Mellado, para cubrir su puesto, ya que ninguno en activo quiso sustituirle (su toma de posesión tuvo lugar el viernes 15 de abril). El Consejo Superior del Ejército de Tierra, que se reunió con carácter de urgencia el martes 12, expresó «disciplinariamente» su acatamiento «en consideración a los intereses nacionales de orden superior», aunque no se abstuvo de expresar «la profunda y unánime repulsa del Ejército ante dicha legalización y acto administrativo llevado a efectos unilateralmente» (en la reunión uno de los militares más beligerantes fue el general Jaime Milans del Bosch que dijo: «El presidente del Gobierno dio su palabra de honor de no legalizar el partido comunista. España no puede tener un presidente sin honor: deberíamos sacar los tanques a la calle»)⁴⁶​. Algunos otros altos mandos militares manifestaron su opinión de que Suárez les había «mentido» en la reunión que habían tenido con él el 8 de septiembre del año anterior y que les había «traicionado».⁴⁷​⁴⁸​⁴⁹​⁵⁰​³³​

El ministro del Ejército, teniente general Félix Álvarez-Arenas Pacheco, declaró que se le había mantenido «sin información y marginado»^{nota 5}​ y envió una nota a todos los oficiales y suboficiales del Ejército en la que se hacía eco de la «profunda y unánime repulsa» del Ejército por la legalización del PCE, «hecho consumado que admite disciplinariamente». Ese mismo jueves, 14 de abril, el Gabinete de Prensa del Ministerio del Ejército hacía pública una nota en la que se daba cuenta de los acuerdos tomados en la reunión del Consejo Superior del Ejército. En ella se decía que «la legalización del PC ha producido una repulsa general en todos las unidades el Ejército. No obstante, en consideración a intereses nacionales de orden superior, admite disciplinadamente el hecho consumado». Y a continuación se decía: «El Consejo estima debe informarse al Gobierno de que el Ejército, unánimemente unido, considera obligación indeclinable defender la unidad de la Patria, su Bandera, la integridadde las instituciones monárquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armadas».⁵¹​ Al día siguiente, viernes 15 de abril, todos los periódicos publicaban la nota pero el diario ultraderechista El Alcázar, que la insertaba en primera página con el titular «La declaración del Consejo Superior del Ejército. Advertencia al Gobierno», le había añadido dos párrafos, que constituían, según el diario, la «versión oficiosa» de lo acordado por el Consejo Superior del Ejército. Los dos párrafos añadidos decían:⁵²​

El Ejército manifiesta su disgusto ante el deterioro de la figura del Rey por culpa del gobierno. Considera inadmisible que por un error administrativo no se informe al ministro del Ejército con tiempo suficiente una decisión trascendental del gobierno del que forma parte.
Y, por último, el Ejército está dispuesto a resolver los problemas por otros medios si fuera necesario.

Al día siguiente, sábado 16 de abril, la nota publicada por El Alcázar era desautorizada por el ministerio del Ejército (y el propio ministro rectificaba la nota interna con un nuevo contenido conciliador). Cuatro días después eran destituidos los dos militares adscritos a la Sección Militar y Técnica del ministerio responsables de haber difundido la «versión oficiosa». Además el diario El Alcázar fue obligado a rectificar su información por orden del Ministerio de Información y Turismo.⁵²​ Según Roberto Muñoz Bolaños, los altos mandos militares enviaron una dura nota de protesta al rey y a Adolfo Suárez, algunos de cuyos párrafos coinciden con la «versión oficiosa» publicada por El Alcázar («Hacer llegar a S. M. el Rey directamente el disgusto del Ejército y que su figura se está deteriorando a consecuencia de la actitud del Gobierno»; «que es inadmisible que por un "error administrativo" se tenga al ministro del Ejército en la ignorancia de una decisión trascendental»; «que se adopten las medidas para que por ningún medio se ataque: LA UNIDAD DE LA PATRIA, LA CORONA Y A LAS FUERZAS ARMADAS, que están dispuestas a defender por todos sus medios»).⁵³​ Tras recibir la nota el rey ordenó al general Alfonso Armada, secretario de la Casa Real, que se informara de lo tratado en el Consejo Superior del Ejército y este tras hablar con los presentes le informó a don Juan Carlos que existía una fuerte desconfianza hacia el Gobierno que también afectaba al monarca.⁵⁴​ En un documento confidencial elaborado por los servicios de información del Ejército sobre los «estados de opinión» de las unidades militares de la I Región Militar se decía que existía «una total indignación ante la sensación de haber sido engañados» por el presidente del Gobierno.⁵⁵​

Como ha destacado Santos Juliá, la legalización del PCE se convirtió en un «punto neurálgico de la transición» porque «fue la primera decisión política de importancia tomada en España desde la guerra civil sin contar con la aprobación del ejército y contra su parecer mayoritario».⁴⁷​ El Partido Comunista como contrapartida tuvo que aceptar la Monarquía como forma de gobierno y la bandera rojigualda,⁵⁶​ y las banderas republicanas desaparecieron de sus mítines.⁵⁷​ El 13 de mayo aterrizaba en Madrid el avión procedente de Moscú que llevaba a bordo a Dolores Ibárruri, la Pasionaria, que volvía a España después de un exilio de 38 años.⁵⁸​ Pero tras la legalización del PCE, los militares «nunca volvieron a fiarse de Suárez ni del general Gutiérrez Mellado» y fue a partir de entonces cuando empezó a fraguarse el golpe del 23-F «porque los militares no le perdonaron a Suárez la legalización de los comunistas».⁵⁹​ Una posición similar es la que sostiene Roberto Muñoz Bolaños («Los militares jamás volvieron a confiar en Suárez... De hecho, las futuras operaciones involucionistas tuvieron su origen en ese momento») pero añade que la decisión de legalizar al PCE «provocó, igualmente, que Suárez se enemistara con la élite política y económica conservadora...».⁶⁰​

La «estrategia de la tensión» y el «ruido de sables»[editar]

Para intentar paralizar la transición la extrema derecha neofranquista puso sus máximas esperanzas en que los sectores involucionistas del Ejército se embarcasen en un intento de golpe de Estado. Para ello desarrolló una «estrategia de la tensión» que crease (o acrecentase) la percepción social de inseguridad, desorden e inestabilidad que lo justificara. A diferencia de Italia y de algunos países latinoamericanos donde también se había llevado a cabo para intentar derribar a los gobiernos democráticos, la extrema derecha española no tuvo que recurrir a acciones de tipo terrorista, pues ya existían los atentados del GRAPO y, sobre todo, de ETA. Solo tuvo que instrumentalizarlos «presentándolos como expresión de un supuesto vacío de poder». La otra cara de la «estrategia de la tensión» consistió en presionar a un sector de las Fuerzas Armadas a dar un «golpe de timón» (salida blanda) o, preferiblemente, un golpe de Estado (salida dura).⁶¹​

En la creación del «ambiente» de inseguridad desempeñaron un importante papel los periódicos ultraderechistas,⁶²​ entre los que destacaron El Alcázar, dirigido desde julio de 1977 por Antonio Izquierdo, muy vinculado al exministro «ultra» y líder de la neofranquista Confederación Nacional de Excombatientes José Antonio Girón de Velasco, quien dijo que El Alcázar era «un periódico que asume la honrosa tarea de simbolizar a las fuerzas nacionales»⁶³​ (en 1980 vendía casi 80 000 ejemplares diarios); y El Imparcial , fundado en diciembre de 1977 y cuyo primer director fue Emilio Romero, siendo sustituido casi un año después por Julio Merino, quien en junio de 1979 abandonó El Imparcial para pasar a fundar y dirigir en abril de 1980 el semanario progolpista Heraldo Español (El Imparcial cerró por dificultades económicas en diciembre de 1979 y durante el tiempo que estuvo en la calle se alineó con la neofranquista Fuerza Nueva y se volcó en elogios hacia su máximo dirigente Blas Piñar, «el único líder no marxista que tiene España»; además apoyó las celebraciones del «20N» y también abrió sus páginas a la Asociación Cultural de Mujeres de Militares, Guardia Civil y Policía Nacional, presidida por la esposa del capitán de navío Camilo Menéndez Vives ―involucrado en el 23-F―, y que reclamaba la restauración de la pena de muerte y la competencia de la jurisdicción militar sobre los actos terroristas, como en el franquismo).⁶⁴​ Otro medio progolpista era la revista militar Reconquista, cuyo redactor jefe era el comandante Ricardo Pardo Zancada (que participó en el 23-F) y el general Alfonso Armada (uno de los cabecillas del 23-F) formaba parte de su consejo de dirección.⁶⁵​⁶⁶​ La táctica utilizada por estos medios de prensa «abundaba en la manipulación informativa mediante el falseamiento, deformación o simple omisión de la información, haciendo uso de “datos” no demostrados para sembrar el desconcierto, o incluso aprovechando hechos verídicos para deformar deliberadamente su contenido real y provocar en los lectores sentimientos antidemocráticos».⁵⁵​ Estos medios ultraderechistas no son muchos, pero son importantes porque «son casi los únicos que entran en los cuarteles, persuadiendo a los militares de que la situación es todavía peor de lo que es».⁶⁷​⁶⁸​

En un informe confidencial de mayo de 1979 dirigido al Gobierno sobre la «estrategia de la tensión» puesta en marcha por la prensa de extrema derecha, concretamente por El Imparcial, y sobre su impacto sobre los militares se decía:⁶⁹​

El socavamiento que de la disciplina militar se está produciendo desde las columnas, artículos e informaciones de El Imparcial ha de calificarse forzosamente de espectacular y parece que debería frenarse, insisto, por el procedimiento que fuera. No se puede hacer el avestruz e ignorar por más tiempo el daño que este periódico está haciendo al mantenimiento más elemental de la disciplina.

«Siete días de enero»[editar]

Miles de personas se congregan ante el paso del cortejo fúnebre de los asesinados en la «Matanza de Atocha» (Madrid, 26 de enero de 1977). Esta manifestación silenciosa y pacífica (muchas personas levantan los puños al paso de los coches fúnebres) fue decisiva para que el presidente del gobierno Adolfo Suárez legalizara al Partido Comunista de España dos meses y medio después (el «Sábado Santo Rojo»).

El primer momento en que se puso en evidencia la «estrategia de la tensión» fue la última semana del mes de enero de 1977 —la semana trágica de la transición o los Siete días de enero—.⁴³​ Mes y medio antes se había aprobado en referéndum la Ley para la Reforma Política que abría las puertas a la convocatoria de las primeras elecciones democráticas desde 1936. La primera provocación se produjo el 23 de enero en la Gran Vía de Madrid, cuando un estudiante, Arturo Ruiz, que participaba en una manifestación proamnistía era asesinado por unos matones del grupo de extrema derecha Fuerza Nueva —el capitán general de Madrid en funciones Jaime Milans del Bosch había ordenado el día antes que se alertase a una compañía de Operaciones Especiales por si las fuerzas de orden público se veían desbordadas—⁷⁰​.⁴³​ Al día siguiente, 24 de enero, en la manifestación de protesta por el crimen murió una de los participantes, María Luz Nájera, a causa de un bote de humo lanzado por la policía antidisturbios,⁴³​⁷¹​ y por la noche se produjo el hecho más grave: pistoleros «ultras» irrumpieron en el despacho de unos abogados laboralistas vinculados a «comisiones obreras» y al Partido Comunista, sito en la calle de Atocha de Madrid, y pusieron contra la pared a ocho de ellos y a un conserje, disparando a continuación. Cinco miembros del bufete murieron en el acto y cuatro fueron gravemente heridos.⁷²​⁷³​ Entre los asesinos había dos jóvenes vinculados a Fuerza Nueva.⁷¹​ El mismo día de la que sería conocida como la «Matanza de Atocha» los GRAPO, que como la extrema derecha —pero por razones contrarias— también querían detener el proceso de transición política, habían secuestrado por la mañana al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Emilio Villaescusa Quilis —mientras todavía mantenían secuestrado a Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado—. El 25 los GRAPO asesinaron a dos policías y un guardia civil.⁴⁷​⁷⁴​

En el funeral por los policías asesinados, celebrado el 29 de enero, se produjeron unos graves incidentes durante los cuales fue increpado el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno. Cuando salían los féretros del Hospital Militar Gómez Ulla un grupo de civiles y de militares comenzaron a cantar el himno de Infantería, lo que dio lugar a que Gutiérrez Mellado ordenara: «Todo el que lleve uniforme, firmes, y el que sepa y quiera que rece». Lo que fue contestado inmediatamente por el capitán de navío Camilo Menéndez (implicado más adelante en el 23-F): «Por encima de la disciplina está el honor». A continuación se produjo un forcejeo y se pudieron escuchar varios gritos de «¡Gobierno dimisión!» y «¡Traidores!» (la insubordinación del capitán Menéndez solo sería sancionada por falta leve).⁷⁵​⁷⁶​⁷⁷​ El 11 de febrero serían liberados los dos secuestrados, Villaescusa y Oriol, en una operación de la policía dirigida por un conocido comisario franquista, Roberto Conesa.⁷⁸​ El entonces ministro de la Gobernación Rodolfo Martín Villa reconoció años después: «Yo tengo que decir que el único momento en el que yo vi el proceso político amenazado fue justamente la semana final de enero».⁷⁹​

La reunión de los generales de septiembre de 1977 en Játiva (o en Jávea)[editar]

Tras los «siete días de enero» el proceso de transición continuó y el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936. Las ganó Unión de Centro Democrático, encabezada por el presidente Suárez, aunque no consiguió la mayoría absoluta. Las Cortes surgidas de esas elecciones comenzaron a elaborar la nueva Constitución. Entre el 13 y el 16 de septiembre se reunieron en Játiva (o en Jávea, según otras versiones) varios generales convocados por el exvicepresidente del Gobierno, teniente general Fernando de Santiago —que dimitió por su desacuerdo con la «reforma política»—, aprovechando que todos ellos veraneaban por la zona. Según Paul Preston, asistieron dos exministros franquistas del Ejército, tenientes generales Antonio Barroso y Sánchez Guerra y Francisco Coloma Gallegos, y el único de la Monarquía, Félix Álvarez-Arenas y Pacheco, y tres generales «ultras»: Carlos Iniesta Cano, Ángel Campano López y Jaime Milans del Bosch.⁸⁰​ Charles Powell, por su parte, afirma que asistieron «media docena de generales en la reserva de ideología ultraderechista, entre ellos varios ex ministros» (de los que solo da el nombre de Álvarez-Arenas).⁸¹​ En lo que sí coinciden Preston y Powell (y también Francisco Alía Miranda)³³​ es en que en la reunión se redactó un memorándum que pretendían hacer llegar al rey y al conjunto de las Fuerzas Armadas en el que mostraban su descontento con la evolución política. Según Preston, el documento pedía al rey que pusiera «el espíritu de orden, disciplina y seguridad nacional por encima del mal llamado orden constitucional», y que formara un gobierno de «salvación nacional» presidido por De Santiago, o cuando menos que cesara a Adolfo Suárez y suspendiera el Parlamento durante dos años. El memorándum contenía una amenaza de golpe militar incruento «incluso contra la Corona». Desde el Ministerio de Defensa se negó que tal memorando se hubiera presentado al rey e incluso se puso en duda su existencia.⁸²​ Sin embargo, poco tiempo después Milans del Bosch era sustituido por Antonio Pacual Galmés al frente de la estratégica División Acorazada Brunete (DAC), y como compensación fue nombrado capitán general de la III Región Militar con sede en Valencia —desde donde dirigiría el golpe del «23-F»—. Simultáneamente, Guillermo Quintana Lacaci tomó posesión de Capitanía general de Madrid, de la que dependía la DAC, lo que se demostraría como un gran acierto durante el «23-F».⁸³​

Roberto Muñoz Bolaños considera que la reunión de Játiva no tuvo lugar, pero sí que hubo varias reuniones en Jávea «en el verano de 1977» en las que participaron de forma regular los generales de Artillería Álvaro de Lacalle Leloup, Esquivias Franco y Víctor Castro Sanmartín —«que se caracterizaban por su posición crítica con el proceso de cambio político y tenían una estrecha relación con otro artillero, Alfonso Armada»— y a las que asistieron ocasionalmente Jaime Milans del Bosch y el jefe del Estado Mayor del Ejército, José Miguel Vega Rodríguez.⁸⁴​

El conflicto por la UMD y la Ley de Amnistía[editar]

La tramitación por las Cortes de la Ley de Amnistía, que sería aprobada en octubre de 1977, provocó un grave conflicto con los militares cuando se conoció que el proyecto de ley incluía el regreso al Ejército de los miembros de la Unión Militar Democrática. La presión del Ejército fue tan grande que finalmente no se aprobó esa medida.⁸⁵​⁸⁶​⁸⁷​ En el artículo 6 se decía: «Respecto del personal militar al que se le hubiere impuesto, o pudiera imponérsele como consecuencia de causas pendientes, la pena accesoria de separación del servicio o pérdida de empleo, la amnistía determinará la extinción de las penas principales y el reconocimiento, en las condiciones más beneficiosas, de los derechos pasivos que les correspondan en su situación». Según Roberto Muñoz Bolaños, fueron tres las razones por las que en la ley de amnistía no se permitió, como ya había sucedido en la amnistía parcial aprobada en julio de 1976, que los miembros de la UMD que habían sido condenados y expulsados de las Fuerzas Armadas pudieran reingresar: el rechazo generalizado de los militares a tal medida, la palabra dada por Gutiérrez Mellado de que la reincorporación no se produciría y el empeño del Gobierno en mantener la unidad de las Fuerzas Armadas, «evitando cualquier problema que pudiese ponerla en peligro».⁸⁸​ Charles Powell ha destacado que «ésta fue la única vez que los militares ejercieron con éxito una presión concertada, oponiéndose a una decisión emanada del poder civil; si tuvo el efecto deseado, ello se debió a que afectaba a un asunto que consideraban propio, y a la existencia de un consenso interno casi unánime al respecto».⁸⁹​

Tres años más tarde, en junio de 1980, todos los grupos parlamentarios, excepto Coordinación Democrática, presentaron una proposición de ley que rectificaba la Ley de Amnistía de 1977 y permitía el reingreso en el Ejército de los militares condenados de la UMD. La reacción en contra de los militares fue fulminante —«se decía que la indignación en los cuartos de banderas era aún mayor de lo que había sido tras la legalización del PCE»—,⁹⁰​ pero la respuesta más contundente fue la del vicepresidente del Gobierno Manuel Gutiérrez Mellado que amenazó con dimitir si se aprobaba. En una carta que dirigió al propio Gobierno y al partido que lo sustentaba, Unión de Centro Democrático (UCD), expuso sus argumentos y finalmente su opinión prevaleció y la proposición de ley fue retirada.⁹¹​ En la carta decía lo siguiente:⁹²​

Hay ciertos mandos agazapados, esperando la ocasión. Bastantes argumentos los da la ETA, GRAPO, cierta prensa, ciertas declaraciones, ciertas actitudes en la cuestión autonómica, el sentimiento de bastantes a los que no les gusta nada de lo que está pasando. Si la proposición se aprueba se les da la oportunidad en bandeja.
Los hechos son así, con razón o sin ella, gusten o no gusten. No hay alternativa. Los amnistiados no pueden volver al servicio activo. Ni el Gobierno ni el partido que lo sustenta, la UCD, pueden admitirlo por el bien de las Fuerzas Armadas, por el de la democracia, en definitiva, por el de España.

La «Operación Galaxia»[editar]

Un par de semanas antes del 6 de diciembre de 1978 en que se iba a celebrar el Referéndum para la ratificación de la Constitución española la policía desarticulaba la «Operación Galaxia», una intentona golpista contra el Gobierno de Adolfo Suárez, la primera operación golpista de la Transición.⁹³​ Su principal responsable, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero (quien dirigiría el asalto al Congreso de los Diputados en el 23F), solo fue condenado a siete meses de arresto, por lo que recobró inmediatamente la libertad, ya que los había cumplido mientras se celebraba el consejo de guerra.⁹⁴​ Según Paul Preston, «fue un intento malamente improvisado de reforzar los planes inicialmente planteados en la reunión de generales de Játiva/Jávea catorce meses antes».⁹⁵​

Fachada del edificio principal del Palacio de la Moncloa, residencia oficial del presidente del gobierno de España. El asalto al Palacio de la Moncloa era el objetivo de la «Operación Galaxia».

La «Operación Galaxia», llamada así por el nombre de la cafetería del barrio madrileño de Moncloa donde los dos principales cabecillas (el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el capitán de la Policía Nacional Ricardo Sáenz de Ynestrillas Martínez) se reunieron el sábado 11 de noviembre de 1978 con tres oficiales del Ejército destinados en la Policía Nacional, consistía en el asalto por una fuerza de unos doscientos hombres del Palacio de la Moncloa, nueva sede de la Presidencia del Gobierno, el viernes 17 de noviembre cuando el Consejo de Ministros estuviera reunido (y aprovechando que el rey se encontraría de viaje oficial en México; y también que el general Gutiérrez Mellado estaría de visita en la III Región Militar y que gran cantidad de fascistas iban a congregarse en la capital con motivo del «20-N»). Paralelamente se ocuparían los puntos neurálgicos de Madrid. El vacío de poder creado por el secuestro del presidente Suárez y de su gobierno sería el pretexto para que se formara un Gobierno de salvación nacional, que paralizara el proceso constituyente. El plan se desbarató porque uno de los tres oficiales del Ejército que asistieron a la reunión lo denunció a sus superiores el 15 de noviembre. Al día siguiente, tras reforzarse la seguridad del Palacio de la Moncloa, Tejero e Ynestrillas eran detenidos mientras la prensa relataba el plan golpista. El 19 de noviembre el diario El País informaba de la reunión que habían mantenido la noche del 16 al 17 el rey, Suárez y Gutiérrez Mellado para evaluar la gravedad de la situación y decidir si Juan Carlos I debía suspender su viaje a México, lo que finalmente no se produjo (allí el rey se encontró con Dolores Rivas Cherif, viuda de Manuel Azaña, presidente de la Segunda República). El impacto en la opinión pública fue enorme pero la prensa de extrema derecha le restó importancia aduciendo que solo había sido «una charla de café», versión a la que recurrieron Tejero e Ynestrillas en su declaración ante el tribunal, cuando no una patraña inventada por el Gobierno, argumento al que también recurrieron las defensas. Ynestrillas dijo que todo había sido «una especie de juego» para demostrar la vulnerabilidad de la sede de la Presidencia del Gobierno. Tejero en tono desafiante dijo que el plan era «un deseo, más que una hipótesis» y que en caso de haberse realizado habría ofrecido al rey, a su vuelta de su viaje de México, «una nueva situación para que decidiera lo más conveniente».⁹⁶​⁹⁷​⁹⁸​⁹⁹​¹⁰⁰​

El 31 de agosto de 1978, dos meses y medio antes de su detención, Tejero había escrito un artículo en el ultraderechista El Imparcial en forma de carta al rey Juan Carlos I⁷⁷​ —que el periódico publicó en primera página—¹⁰¹​ en el que decía: «En este proyecto de Constitución no van incluidos algunos de los valores por los que creemos vale la pena arriesgar nuestras vidas. […] Necesitamos, señor, una buena y ágil ley terrorista, con facilidades para los actuantes y castigo rápido y ejemplar para los asesinos».¹⁰²​¹⁰¹​ También le pedía al rey que acabase «con los apologistas de esta farsa sangrienta, aunque sean parlamentarios y se sienten entre los padres de la Patria».¹⁰³​ Terminaba afirmando que «mi Dios, mi patria, mi Bandera y mi honor me han obligado a hablar».¹⁰⁴​ Por este artículo solo fue arrestado catorce días, y sin pérdida de destino, lo que «no hizo sino acrecentar los planes golpistas que tenía in mente desde hacía tiempo».¹⁰⁵​

La sentencia de la «Operación Galaxia», hecha pública el 8 de mayo de 1980, no creyó la versión de la «charla de café», sino que consideró que se había cometido «un delito de conspiración y proposición para la rebelión militar», por haber tramado «un golpe de mano que habría de ocupar [sic] el palacio de la Moncloa en el momento en que estuviese reunido en él el Consejo de Ministros, para, posteriormente, someter la nueva situación a S.M. el Rey», pero a pesar ello condenó a los dos acusados a penas muy leves: Tejero a siete meses y un día de arresto y a Ynestrillas a seis meses y un día. Como ya habían cumplido esos tiempos de arresto mientras se celebraba el juicio, recobraron la libertad inmediatamente y celebraron el fallo con sus familiares, amigos y militares allegados en un bar cercano al Gobierno Militar de Madrid. «Brindaron con champán por un fallo que permitía el regreso de los condenados al servicio activo, pronto se vio con qué intenciones».¹⁰⁶​¹⁰⁷​ «Fue entonces cuando empezó a preparar el 23 de febrero».¹⁰⁸​ «Cambiaría de objetivo: el Palacio de la Moncloa (poder ejecutivo) por el palacio de las Cortes (poder legislativo)».¹⁰⁹​

La clave de que la sentencia fuera tan sumamente benévola se encuentra quizás, según Roberto Muñoz Bolaños, en el primer resultando de la misma en el que parecía justificarse la operación golpista. En él se decía que Tejero e Ynestrillas, «profundamente preocupados por los progresivos ataques a los componentes de las Fuerzas Armadas y del Orden Público perpetrados principalmente en las provincias del norte por el terrorismo separatista, pensaron en la posibilidad de poner fin a tal estado de cosas, por lo cual, previo diversos contactos entre ambos... llegaron a preparar un "golpe de mano" que había de ocupar el Palacio de la Moncloa en el momento en que estuviera reunido el Consejo de Ministros, para posteriormente someter la nueva situación a S. M. el Rey». El capitán general de la I Región Militar Guillermo Quintana Lacaci no confirmó la sentencia al considerarla demasiado benigna y solicitó al Consejo Supremo de Justicia Militar que triplicase las penas, pero este organismo superior de la jurisdicción militar solo las elevó un mes, y eso para no dejar en mal lugar a Quintana Lacaci delante de sus subordinados.¹¹⁰​ Por aquel entonces ya se sabía que la «Operación Galaxia» había tenido unas dimensiones mayores de las que se había dicho inicialmente. Sus instigadores habían contactado con cerca de doscientos oficiales, ninguno de los cuales había informado a sus superiores, y al parecer, varias unidades de Burgos, Valladolid, Sevilla y Valencia se encontraban en estado de alerta la noche antes de la fecha fijada para el asalto al Palacio de la Moncloa. «Solo la enérgica intervención del general liberal Antonio Pacual Galmés evitó que se sumara la decisiva División Acorazada Brunete (DAC)», afirma Paul Preston.¹¹¹​

La insubordinación del general Atarés Peña[editar]

El vicepresidente del Gobierno, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, conversa en el Congreso de los Diptados con el ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún.

Mayor perplejidad aún si cabe causó la sentencia hecha pública a finales de mayo de 1979 sobre la insubordinación del general de brigada de la Guardia Civil Juan Atarés Peña (superior del teniente coronel Tejero en el País Vasco en 1976)¹¹²​ que lo absolvió de todos los cargos,¹¹³​ fallo que fue ratificado por el Capitán general de la III Región Militar Jaime Milans del Bosch tras resaltar las «virtudes humanas y militares» del procesado. Los hechos se habían producido en Cartagena el viernes 17 de noviembre de 1978, el día previsto por la «Operación Galaxia» para el asalto del Palacio de la Moncloa —esa misma mañana Diario 16 había dado la noticia de la detención de Tejero y de Ynestrillas por la Operación Galaxia. La reunión había sido convocada por el general Gutiérrez Mellado en un enorme hangar de aviación para explicar a varios centenares de jefes y oficiales de la guarnición y de la Armada el alcance de las reformas militares que estaba poniendo en marcha el Gobierno y aclarar sus dudas sobre la Constitución, que iba a someterse en referéndum el 6 de diciembre. También pretendía elevar la moral de las unidades en un momento en que arreciaban los atentados terroristas de ETA contra los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden Público. El vicepresidente del Gobierno ya había celebrado reuniones similares en otros lugares sin que se produjeran incidentes —Gutiérrez Mellado las denominaba visitas «apostólicas»—¹¹⁴​, pero la de Cartagena derivó en un tumulto —iniciado por las preguntas en forma de arengas contrarias a la Constitución por parte de varios oficiales de la Armada— en el que hubo gritos en contra del general Gutiérrez Mellado. El que más destacó fue el general Atarés, «hombre de muy corta estatura pero ardiente defensor del franquismo»,¹¹²​ quien «con gritos destemplados y desabridos» acusó al vicepresidente del Gobierno de mentiroso, de traidor, de masón y de espía (esto último debido a que había sido miembro de la quinta columna durante la guerra civil). Gutiérrez Mellado ordenó su arresto inmediato —según algunos testimonios Atarés respondió con el grito de «¡Viva Franco! ¡Viva España!»— y puso fin al acto. Enseguida el general Atarés recibió numerosas muestras de solidaridad, que la sentencia absolutoria pronunciada por un consejo de guerra confirmó.¹¹⁵​¹¹⁶​¹¹²​

Durante la conmemoración del 20-N celebrada en la Plaza de Oriente de Madrid el 19 de noviembre, dos días después del incidente de Cartagena, se desplegaron pancartas a favor del general Atarés y con insultos al Rey, a Gutiérrez Mellado y a Adolfo Suárez. En los discursos que pronunciaron los neofranquistas José Antonio Girón de Velasco y Blas Piñar pidieron la intervención del Ejército. Al día siguiente, 20-N, unos quinientos oficiales rindieron homenaje al general Franco ante su tumba en el Valle de los Caídos en una «ceremonia fascista».¹¹⁷​

En esos meses habían aparecido pintadas y se habían distribuido panfletos en los cuarteles que estaban firmados por grupos clandestinos autodenominados Unión Patriótica Militar, Movimiento Patriótico Militar, Juntas Patrióticas, Movimiento de Resistencia Patriótica o Unión Militar Española (esta última retomaba el nombre de la Unión Militar Española, que había tenido un papel muy destacado en el golpe de Estado de julio de 1936). En un panfleto de esta «nueva UME» se calificaba a «los partidos políticos y [a] las instituciones democráticas» como «entelequias surgidas para afincamiento de la lucha de clases y de la proliferación de grupos sin otra filosofía que la del enfrentamiento». En otros panfletos se exigía que la lucha antiterrorista fuera encomendada al Ejército.¹¹⁸​

Incidentes durante los funerales por los militares asesinados por ETA[editar]

Verja de entrada al Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército de Tierra (España).

La aprobación de la Constitución no solo no detuvo la «estrategia de la tensión» sino que se incrementó e involucró a sectores más amplios del Ejército, gracias sobre todo a la instrumentalización de los atentados terroristas de ETA que había puesto en su punto de mira a los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado —en 1978 ETA había asesinado a 64 personas; en 1979 asesinó a 84 y en 1980 a 93, la inmensa mayoría de ellas militares y miembros de las fuerzas de orden público—.¹¹⁹​¹²⁰​ En los funerales por las víctimas se solían producir incidentes en los que se atacaba al gobierno y a la democracia y se invocaba la intervención del Ejército. Incidentes que eran amplificados por la prensa de extrema derecha. «Por lo general, el gobierno se mostró impotente ante estos casos de indisciplina debido a la permisividad de las propias autoridades militares, que en algunas ocasiones rozó la connivencia», ha afirmado Charles Powell.⁹⁹​

Uno de los casos más graves se produjo tras al asesinato por ETA el 3 de enero de 1979 del gobernador militar de Madrid, general Constantino Ortín. Al terminar el funeral, celebrado en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército, un numeroso grupo de militares profirió gritos de protesta e insultó a las autoridades que presidían el acto. En un momento de gran confusión varios militares insultaron, zarandearon y golpearon al vicepresidente, general Manuel Gutiérrez Mellado —«¡Guti, masón, irás al paredón!»—, y a continuación un grupo numeroso de uniformados y de civiles, entre gritos de «¡Gobierno asesino!» y «¡Ejército al poder!», se apoderaban del féretro y lo paseaban a hombros en manifestación por el centro de Madrid.¹²¹​¹²²​¹²³​¹²⁴​¹²⁵​ Uno de los que participaron en el tumulto fue el comandante Ricardo Pardo Zancada, implicado en el «23-F».¹²⁵​ «En el trayecto a pie hasta el cementerio se produjeron avalanchas en torno al féretro, agresiones a la prensa, rotura de cristales, quema de ikurriñas y nuevos gritos sediciosos, que se repitieron en el cementerio».¹²⁶​ El rey Juan Carlos se refirió a lo que calificó de «espectáculo bochornoso» en su discurso por la Pascua Militar que se celebró dos días después: «Un Ejército que ha perdido la disciplina... ya no es un Ejército».¹²⁶​¹²⁷​¹²⁸​

La reacción de la prensa y de los militares «ultras» fue bien diferente. El mismo día 4 de enero en que se había celebrado el funeral, el diario El Alcázar había titulado «El asesinato del gobernador militar de Madrid, una agresión contra España. La ETA marxista, responsable. El Gobierno, culpable». Por su parte El Imparcial publicó en portada una fotografía de la viuda del general asesinado con el titular «¡Silencio, españoles! LAS MUJERES DEL EJÉRCITO ESTÁN LLORANDO», al que seguía un texto que decía: «Al gobierno Suárez no le que queda ya más que una solución: DIMITIR». El día 5 El Alcázar publicaba un artículo en el que se decía que el general Ortín había sido «asesinado a un mismo tiempo por las milicias irregulares y cipayas de la Unión Soviética y por una política concesiva y amnistiadora». Y añadía: «el pueblo español sabe que estamos en guerra. Lo conocen también los hombres de la Fuerzas Armadas».¹²¹​ El 13 de enero el capitán de navío Camilo Menéndez, que ya había participado en varios incidentes protagonizados por militares involucionistas, publicaba en El Alcázar un artículo en el que decía: «En ocasiones críticas en las que el error del poder amenazaban gravemente a España, siempre hubo hombres que pusieron por encima de todo el Honor» (por este artículo el capitán Menéndez solo fue arrestado quince días).¹⁰²​

Los incidentes se reprodujeron, aunque con menor gravedad, tras el asesinato por ETA el 25 de mayo, dos días antes del día de las Fuerzas Armadas, del general Luis Gómez Hortigüela y otros dos militares. De nuevo el funeral tuvo lugar en el Palacio de Buenavista. Al salir el féretro a la calle y recibir honores militares, un grupo numeroso de civiles que ocupaban las aceras comenzó a cantar el himno falangista Cara al Sol y a lanzar insultos contra el Gobierno, especialmente contra Gutiérrez Mellado. Se coreó de forma insistente el grito «¡Gutiérrez Mellado, tú los has matado!».¹²⁹​¹³⁰​ Unas horas después del funeral estallaba una bomba en la cafetería California 47, cercana a la sede de Fuerza Nueva, en el barrio de Salamanca de Madrid, que se encontraba atestada de gente porque era sábado por la tarde. Ocho personas murieron y otras cincuenta resultaron heridas. El atentado fue atribuido al GRAPO.¹³⁰​

La conmoción producida por el nombramiento del general Gabeiras como Jefe del Estado Mayor del Ejército[editar]

Pocos días antes de los incidentes del funeral del general Hortigüela, se había producido una gran conmoción entre los militares por el nombramiento del general José Gabeiras como Jefe del Estado Mayor del Ejército ya que para que pudiera acceder al puesto había sido ascendido precipitadamente a teniente general y con él los cinco generales de división que le precedían en el escalafón. Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno para la Seguridad Nacional y Defensa,¹³¹​ no se fiaba de los dos tenientes generales que por antigüedad y prestigio acumulaban más méritos para ser nombrados para el puesto, Jaime Milans del Bosch, capitán general de III Región Militar, y González del Yerro, capitán general de Canarias, y prefería a un militar que como Gabeiras fuera leal, como lo demostraría durante el 23-F.¹³²​¹³³​¹³⁴​ Sin embargo, como ha señalado Charles Powell, «el resultado fue que Gabeiras jamás gozó de la autoridad imprescindible para desarrollar satisfactoriamente su función».¹³⁵​

Cuatro meses después, los dos militares postergados, González del Yerro y Milans del Bosch, mostraron su indignación con motivo del asesinato por ETA de dos militares en Bilbao el 19 de septiembre realizando unas duras declaraciones. El primero afirmó que «España se nos está muriendo», insistiendo en la «falta de autoridad»; el segundo, después de hacer un balance negativo de la Transición («terrorismo, inseguridad, inflación, crisis económica, paro, pornografía») e insistir en la «crisis de autoridad», afirmó: «El Ejército deberá intervenir cuando se evidencie que las leyes, la acción policial y la judicial son insuficientes». Por estas declaraciones fueron amonestados por el ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún —el primer civil en ostentar el cargo desde 1936—¹³⁶​ quien no aceptó la dimisión como capitán general de Canarias de González del Yerro ya que este lo que pretendía era que su renuncia fuera seguida por la de los otros diez capitanes generales, lo que hubiera provocado una grave crisis política.¹³⁷​¹³⁸​ El capitán general de la II Región Militar Pedro Merry Gordon, por su parte, se refirió a «una serie de enanos asesinos, ratas de alcantarilla, que nos atacan por la espalda» y amenazó con la intervención del Ejército.¹³⁹​ Las opiniones de González del Yerro y de Milans del Bosch (y de Merry Gordon) coincidían con la expresada dos meses antes, con motivo del aniversario del Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936, por el líder ultraderechista y neofranquista José Antonio Girón en El Alcázar: «Son muchos los compatriotas que piensan que las circunstancias de erosión o destrucción que hoy advertimos en el edificio del Estado» son «infinitamente más graves, más duras, más trágicas, más angustiosas» que las de la «década de los treinta».¹⁴⁰​

El intento de golpe de Estado del general Torres Rojas[editar]

En enero de 1980 el Gobierno abortó un plan para tomar el Palacio de la Moncloa, como en la «Operación Galaxia». Su instigador era el general Luis Torres Rojas, jefe de la División Acorazada Brunete (DAC), la unidad más importante del Ejército de Tierra situada en las inmediaciones de Madrid. Torres Rojas, un militar «profundamente franquista»,¹⁴¹​ pretendía que la Brigada Paracaidista (que había estado bajo su mando entre 1975 y 1979) realizara el asalto y una vez ocupada La Moncloa —y los puntos neurálgicos de la capital «neutralizados» por los carros de combate de la DAC— imponer un Gobierno presidido por un militar «de prestigio», presumiblemente el general Fernando de Santiago o el general José Miguel Vega Rodríguez, este último amigo de Torres Rojas. A continuación las Cortes serían disueltas, el Partido Comunista de España prohibido y se interrumpiría el proceso autonómico.¹⁴²​ El general Torres Rojas, que negó los hechos, fue destituido de forma fulminante del mando de la DAC el 24 de enero y destinado al gobierno militar de La Coruña. Sin embargo, el Gobierno no informó de los verdaderos motivos del cambio de destino de Torres Rojas y negó que tuviera alguna relación con actividades golpistas. Un año después Torres Rojas sería uno de los principales protagonistas del 23F —lo mismo que el coronel José Ignacio San Martín, jefe del Estado Mayor de la DAC, que continuó en su puesto, a pesar de su estrecha relación con Torres Rojas—.¹⁴³​¹⁴⁴​¹⁴⁵​ El plan fue descubierto gracias a un oficial de la Brigada Paracaidista que informó a Fernando Reinlein, antiguo miembro de la UMD, quien a su vez avisó al ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún.¹⁴⁶​ Según Charles Powell, quien alertó al ministro fue Julio Busquets, fundador de la UMD.¹⁴⁷​ Busquets, según Powell, o Reinlein, según Paul Preston, informaron a Miguel Ángel Aguilar, director de Diario 16, de cuál había sido el verdadero motivo de la destitución de Torres Rojas como comandante de la DAC y su traslado a la Coruña. Aguilar publicó la noticia y esto le supuso ser procesado por injurias al Ejército y finalmente tener que dejar la dirección del diario.¹⁴⁷​¹⁰⁷​ «La salida de Torres Rojas neutralizó efectivamente la DAC y con ello eliminó un elemento crucial del arsenal golpista».¹⁰⁷​

La conspiración[editar]

Los planes de los golpistas[editar]

Parador Nacional de El Saler (Valencia), donde probablemente se reunieron los tenientes generales Jaime Milans del Bosch y Carlos Iniesta Cano. Fue el primer paso de la conspiración que desembocó en el 23-F.

El 30 de mayo de 1980 el teniente general «ultra» Carlos Iniesta Cano, amigo del teniente coronel Antonio Tejero que había sido condenado por la «Operación Galaxia», se entrevistó en El Saler (Valencia) con el capitán general de la III Región Militar Jaime Milans del Bosch, quien «desde la legalización del PCE se había convertido en el polo de atracción para todos los sectores involucionistas del Ejército». Iniesta Cano le pidió a Milans que liderara el golpe de Estado que estaban preparando y que consistía en crear un vacío de poder mediante la toma del Congreso de los Diputados lo que propiciaría una intervención en masa del Ejército. Milans puso como condición que el rey Juan Carlos apoyara la operación. Acordaron que seguirían en contacto a través del ayudante de Milans, el teniente coronel Pedro Mas Oliver.¹⁴⁸​

El 15 de junio —en julio, según Javier Cercas—¹⁴⁹​ Mas Oliver almorzó en Madrid con el teniente coronel Tejero y con el ultraderechista Juan García Carrés, muy amigo de este y que fue quien los puso en contacto. La misión de Mas Oliver era comprobar el «grado de seriedad» de la operación de la que había hablado Iniesta Cano —«Tejero causó una grata impresión a su colega del Ejército, como así lo manifestó a su general»; por su parte Tejero consideró que la operación «se pondría en marcha bajo el liderazgo de Milans del Bosch»—.¹⁴⁸​¹⁵⁰​ Fue el primer contacto, aunque indirecto, que mantuvieron Tejero y Milans. Inmediatamente Tejero reunió a varios capitanes y tenientes de la Guardia Civil de su confianza para pedirles el apoyo al plan golpista —en aquel momento Tejero no tenía fuerzas bajo su mando porque se encontraba en la situación de disponible forzoso— pero no lo logró.¹⁵¹​ Días o semanas más tarde volvieron a reunirse Tejero y Mas Oliver y en esta ocasión este le comunicó a Tejero la conformidad de Milans a que estudiara la operación para tomar el Congreso de los Diputados, cuando se estuviera celebrando una sesión parlamentaria con la presencia del Gobierno.¹⁵²​¹⁵³​¹⁴⁸​ Según Javier Cercas, Tejero escogió como modelo la toma del Palacio Nacional de Managua por el comandante sandinista Edén Pastora que tuvo lugar el 22 de agosto de 1978.¹⁵⁴​ En las semanas siguientes Tejero estudió el objetivo y sus medidas de seguridad y compró seis autobuses de segunda mano para transportar a la fuerza que llevaría a cabo el asalto, así como gabardinas y anoraks para camuflar sus uniformes. Para guardar los autobuses alquiló una nave industrial en Fuenlabrada. Tejero nunca reveló el origen del dinero —unos dos millones y medio de pesetas—, pero todo parece indicar que procedió de alguno o de varios de sus amigos «ultras»: Juan García Carrés, José Antonio Girón o el general en la reserva Carlos Iniesta Cano.¹⁵⁵​¹⁵⁶​

Paralelamente a los primeros contactos entre Tejero y Milans, nacía la «Solución Armada». Javier Cercas sitúa su inicio en el mes de julio de 1980 cuando el general Alfonso Armada, antiguo secretario de la Casa Real, entregó en La Zarzuela un informe redactado por un catedrático de derecho administrativo —posiblemente el exministro franquista Laureano López Rodó—¹⁵⁷​ en el que, tras señalar la inconstitucionalidad de los proyectos de estatuto de autonomía vasco y catalán,¹⁵⁷​ se proponía como salida a la crisis política que estaba viviendo el país desalojar del poder a Adolfo Suárez mediante una moción de censura y sustituirlo por un gobierno unitario presidido por una personalidad independiente, posiblemente un militar. «En muy poco tiempo la hipótesis de un gobierno de unidad presidido por un militar como salvavidas contra el hundimiento del país había llegado a todos los rincones del pequeño Madrid del poder». El propio Suárez hizo mención a ello en una declaración a la prensa: «Sé que el PSOE está barajando la posibilidad de llevar a un militar a la presidencia del gobierno. Me parece descabellado».¹⁵⁸​¹⁵⁹​ Mientras tanto, el general Armada mantenía reuniones con políticos, militares, empresarios y financieros y en ellas siempre dejaba caer de forma velada que contaba con el respaldo del rey.¹⁶⁰​

Roberto Muñoz Bolaños retrotrae a finales de 1979 los orígenes de la «solución Armada», cuyo principal ideólogo sería el periodista Luis María Ansón, director de la agencia oficial de noticias Efe, que proponía aplicar en España el modelo del acceso al poder del general De Gaulle en 1958 que dio nacimiento a la V República Francesa (en lo que coincide Muñoz Bolaños con Javier Cercas).¹⁶¹​¹⁶²​ Fue entonces cuando los sectores conservadores políticos y económicos promotores de lo que Muñoz Bolaños llama la transición paralela —que a diferencia de la Transición se proponía instaurar en España una democracia limitada—, llegaron a la conclusión de que el «golpe de timón» —expresión acuñada por el expresidente de la Generalidad de Cataluña Josep Tarradellas y empleada por diversos líderes políticos como Manuel Fraga, presidente de la derechista Alianza Popular—¹⁶³​¹⁶⁴​ no podía ser liderado por un civil, sino por un militar. Y el escogido fue el general Alfonso Armada, quien «desde el primer momento estuvo apoyado por un staff de técnicos e intelectuales que elaboraron numerosos informes sobre diferentes ámbitos que deberían reordenarse».¹⁶⁵​ Así pues, según Roberto Muñoz Bolaños, la «Solución Armada» «fue una operación civil, diseñada por miembros de la élite económica y política conservadora, con un componente militar subordinado».¹⁶⁶​

Javier Cercas afirma, por el contrario, que «tras los militares rebeldes no hubo trama civil alguna... porque Armada, Milans y Tejero no tenían necesidad de que ningún civil inspirara una operación militar y porque no permitieron que ningún civil se inmiscuyera en sus planes más que de forma anecdótica» (como fue el caso del ultraderechista Juan García Carrés, amigo de Tejero).¹⁶⁷​ Cercas reconoce la existencia de «una serie de extrañas maniobras políticas con el objeto de derribar el gobierno de Adolfo Suárez», pero estas maniobras «fueron el contexto que propició la operación militar; fueron la placenta del golpe, no el golpe».¹⁶⁸​ Le suministró «argumentos y coartadas, al discutir sin disimulo la posibilidad de ofrecer el gobierno a un militar o pedir ayuda a los militares», con lo que «la clase dirigente entreabrió la puerta de la política a un ejército que clamaba por intervenir en política para destruir la democracia».¹⁶⁹​ Esa idea se fue extendiendo «con profusión por el pequeño Madrid del poder y apenas había partido político que no considerase la hipótesis de situar a un militar al frente de un gobierno de coalición o concentración o unidad como una de las formas posibles de expulsar a Suárez del poder» (la excepción fue Santiago Carrillo, secretario general del PCE).¹⁷⁰​ Charles Powell también señala que «a partir del verano se intensificaron los rumores sobre una intervención militar, así como la posible creación de un gobierno civil presidido por un general de prestigio... Con notable irresponsabilidad, dirigentes de los principales partidos políticos mantuvieron conversaciones con miembros destacados del estamento militar contribuyendo a la confusión reinante». Powell también advierte que el golpe militar en Turquía del 12 de septiembre fue seguido con atención por algunos sectores militares.¹⁷¹​

Además Cercas destaca (y lamenta) que el rey Juan Carlos I participara en «las maniobras destinadas a sustituir a Suárez que formaron la placenta del 23 de febrero». «Quiso volver a intervenir en la política del país más allá de los límites impuestos por las reglas recientes de la monarquía parlamentaria. [...] No se limitó el Rey a incentivar con el peso de su autoridad el acoso a Suárez; también discutió con unos y con otros la forma de sustituirlo».¹⁷²​ Según Paul Preston, «no faltaron personas, desde directores de periódicos a generales destacados, que insinuaran al Rey que únicamente él podía dar dicho golpe de timón», del que hablaba Tarradellas.¹⁷³​

La primera mención pública a la «solución Armada» data del 7 de agosto de 1980. Ese día el progolpista Heraldo Español publicó en portada un dibujo de un caballo encabritado sin jinete con el titular «¿Quién montará este caballo? Se busca general». En las páginas interiores un artículo firmado por «Merlín» (seudónimo del periodista Fernando Latorre) aludía de forma aparentemente críptica al general Armada cuando finalizaba diciendo: «Pero ¿dónde está el HOMBRE [que ponga orden en el país y tenga la confianza del Rey]? ¡Que venga pronto! ¡Que venga ese HOMBRE de las Fuerzas Ar…ma…das…». En ese mismo número aparecía un artículo con tonos amenazadores del colectivo «Sertorio» titulado «Los agravios al Ejército».¹⁷⁴​⁶⁷​¹⁷⁵​ Según Roberto Muñoz Bolaños, Merlín recibía la información del comandante del CESID José Luis Cortina (procesado por el 23-F, pero finalmente absuelto por el tribunal). Según este autor, Cortina era uno de los impulsores de la «solución Armada» (su hermano Antonio Cortina, concejal de AP en el Ayuntamiento de Madrid, mantenía una estrecha relación con el general Armada) y como tal estaba muy interesado en crear un clima de miedo que favoreciera el proyecto.¹⁷⁶​ Quince días después Merlín volvió a insistir en el mismo tema con otro artículo, titulado «De Gaulle o la pechuga».¹⁷⁷​

Edificio del Gobierno militar de Lérida. El 22 de octubre de 1980 el general Alfonso Armada, gobernador militar de Lérida y antiguo secretario de la Casa Real, se reunió en casa del alcalde socialista de la ciudad Antoni Siurana, con los líderes socialistas Joan Reventós y Enrique Múgica Herzog durante la cual el general se postuló discretamente para presidir un gobierno de «salvación nacional».

A lo largo del verano Armada había hablado con políticos de UCD y de la derecha,¹⁷⁸​ pero no conocía a los dirigentes socialistas.¹⁷⁹​ Fue el 22 de octubre cuando contactó con algunos de ellos. Ese día tuvo lugar una comida en casa del alcalde socialista de Lérida Antoni Siurana a la que asistieron además de Armada, entonces gobernador militar de esa provincia, los líderes socialistas Joan Reventós y Enrique Múgica Herzog (este último había estado manteniendo reuniones regulares con el entonces secretario de la Casa Real, el general Sabino Fernández Campo). Lo que se habló en esa comida, cuya sobremesa duró cuatro horas,¹⁸⁰​ sigue siendo objeto de polémica ya que los testimonios de los asistentes son contradictorios. Mientras Armada le restó importancia a lo tratado, Enrique Múgica le trasladó a su secretario general Felipe González que Armada se había postulado discretamente para presidir el gobierno (y Felipe González se lo comunicó al rey y también a Suárez).¹⁸¹​¹⁸²​¹⁸³​¹⁸⁴​¹⁸⁵​ Cuando el ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún se enteró de la comida telefoneó inmediatamente al general Armada para reconvenirle por haberse reunido con los líderes socialistas. Por otro lado, el líder de Alianza Popular Manuel Fraga Iribarne anotó en su diario, a finales de diciembre, que tenía «información segura» de que el general Armada «estaría dispuesto a presidir un gobierno de concentración».¹⁸¹​¹⁸⁵​ De hecho el presidente Suárez había recibido un informe reservado, fechado el 9 de octubre, en el que se planteaba la posibilidad de la formación de una «coalición de salvación nacional» presidida por una «personalidad independiente», con apoyo de los socialistas.¹⁸⁶​ Según Javier Cercas, el encuentro con los socialistas en Lérida y «los movimientos y rumores a que dio lugar constituyeron un respaldo a las inclinaciones golpistas de Armada y una buena coartada para que en los meses previos al golpe el antiguo secretario del Rey insinuara o declarara aquí y allá que los socialistas participarían en un gobierno unitario presidido por él».¹⁸⁷​

El 17 de noviembre de 1980 el general Armada se reunió en Valencia con el Capitán General de la III Región Militar, teniente general Jaime Milans del Bosch, quien en aquellas fechas ya mantenía una relación fluida con Tejero. Armada le informó de lo que había hablado con los líderes socialistas en Lérida y también intentó matizar lo que venía publicando la prensa de extrema derecha sobre la existencia de una «Operación De Gaulle» que encabezaría un general en activo (El Alcázar afirmaba que ese general era «el hombre de Múgica», en referencia poco velada al propio Armada).¹⁸⁸​¹⁸⁹​ Una semana antes el general Armada había mantenido un largo encuentro con el rey en un refugio de montaña del Valle de Arán, en la provincia de Lérida de la que Armada era el gobernador militar. Al parecer Armada le habló al monarca del malestar que existía en las Fuerzas Armadas y este le pidió que se enterara mejor y que le informase. Ese habría sido el motivo inmediato de que Armada fuera a Valencia para entrevistarse con Milans, «consciente de que no había en el ejército un militar más descontento que Milans y de que cualquier intriga golpista partía o desembocaba en Milans, o lindaba con él».¹⁹⁰​ En la entrevista es probable que Armada le hablara a Milans de su proyecto de constituir un gobierno de unidad presidido por él, que contaría con el respaldo del rey, y que le ofreciera el puesto de Jefe del Estado Mayor del Ejército. También le dijo que «se temen acciones violentas y debemos reconducirlas».¹⁹¹​ Según Javier Cercas, «Milans aceptó el trato, y de esa forma la Operación Armada se dotó de un ariete militar».¹⁹²​

Ese mismo mes de noviembre el Rey y el Gobierno recibieron un informe de los servicios de inteligencia (atribuido al CESID, pero que según Javier Cercas y Paul Preston fue obra del teniente coronel Manuel Fernández-Monzón Altolaguirre, jefe del gabinete de prensa del Ministerio de Defensa y un antiguo miembro de los servicios de información, aunque también se ha afirmado que fue elaborado por el comandante del CESID Santiago Bastos Noreña)¹⁹³​¹⁹⁴​¹⁹⁵​ que llevaba por título «Panorámica de las operaciones en marcha»¹⁹⁶​^{nota 6}​ —según Javier Cercas, «se trata del documento más útil de que disponemos para entender los antecedentes directos del golpe»—¹⁹⁷​. En el informe se decía que estaba en curso una «operación de ámbito cívico-militar» y tres estrictamente militares, aunque sin relación entre sí: la de los tenientes generales (cuyo modelo era el golpe militar que se acababa de producir en Turquía,¹⁹⁸​ pero el informe no daba ningún nombre), la de los coroneles y una tercera, denominada «de los espontáneos», a la que relacionaba con la «famosa Operación Galaxia», y que el informe la consideraba como la más peligrosa ya que podía fracturar la unidad de las Fuerzas Armadas, con peligro real de guerra civil.¹⁹⁹​²⁰⁰​²⁰¹​ La más radical de las tres conspiraciones militares, según el informe, era la «operación de los coroneles»: «No tienen convencimiento monárquico de ninguna clase y por ello piensan más en una “república de tinte presidencialista” con tintes muy nacionalistas».²⁰²​ Aunque el informe no daba ningún nombre, Roberto Muñoz Bolaños señala al coronel José Ignacio San Martín, jefe del Estado Mayor de la División Acorazada Brunete, al coronel José Ramón Pardo de Santayana, antiguo miembro del CESID, y al coronel José Luis Carrasco Lanzós, como tres de sus principales promotores. Este mismo autor destaca que dentro del grupo de los coroneles había uno específico denominado de los «Técnicos» que sería el protagonista del 27-O de 1982.²⁰³​

En cuanto a la «operación de ámbito cívico-militar», que Roberto Muñoz Bolaños identifica con la «Solución Armada»,²⁰⁴​ el informe decía que su objetivo era forzar la dimisión de Adolfo Suárez y que a continuación el rey propusiera como candidato a la presidencia del Gobierno a un general que contara «con respaldo del resto de la estructura militar». Este una vez investido formaría un «gobierno de gestión o de salvación nacional» que emprendería la reforma de la Constitución y daría marcha atrás en determinadas políticas de Suárez. El informe decía que la operación «podría culminar para antes de la primavera de 1981 (salvo imponderables)».¹⁹⁹​²⁰⁵​ La operación mixta civil y militar era un golpe blando destinado a conjurar los tres golpes duros estrictamente militares y sus promotores eran grupos de civiles sin militancia y un grupo de generales en activo «de brillantes historiales y capacidad de arrastre». En conclusión, según Javier Cercas, «el servicio de inteligencia poseía en noviembre de 1980 información tan solvente sobre las tramas golpistas como para ser capaz de predecir sin demasiado margen de error lo que acabaría sucediendo el 23 de febrero».²⁰⁶​ Por su parte, Juan Francisco Fuentes ha destacado que «sorprende la falta de reacción del Gobierno, que recibió, lo mismo que el rey, copia del documento».²⁰⁷​

El informe atribuido al CESID coincide en gran medida con las memorias inéditas del ultraderechista Juan García Carrés, el único civil condenado por el 23-F. En ellas menciona la existencia de tres movimientos golpistas: el de los coroneles; la «solución Armada»; y «el nuestro», encabezado por el teniente general Jaime Milans del Bosch y por José Antonio Girón.²⁰⁸​ El objetivo de este último, según García Carrés, no era «instalar una dictadura militar» sino «acabar con la guerra del norte» y «pacificada esta zona, proceder a la reconstrucción moral, social y económica de España… Todo esto, en los comienzos se haría sin la intervención de los partidos políticos, éstos y las centrales sindicales serían congelados».²⁰⁹​ En sus memorias García Carrés dejó constancia de la intensa actividad que desplegó en los meses finales de 1980:⁶⁵​

Me estoy desplazando a todas las provincias, a requerimiento de generales, almirantes y jefes y oficiales. […] Hay un gran disgusto en la familia militar… Me hablan y me invitan a asistir a reuniones de militares. Contacto con un grupo de coroneles y tenientes Coroneles. A alguna de estas reuniones ha asistido el teniente coronel Tejero. Por lo que me dicen, disponen de dinero.

El 17 de diciembre el diario El Alcázar publicaba el primero de los tres artículos del colectivo «Almendros», grupo que había surgido por una iniciativa de la dirección del diario a la que se habían sumado militares involucionistas como los generales Fernando de Santiago y Carlos Iniesta Cano, el coronel José Ignacio San Martín, el capitán de navío Camilo Menéndez, y el comandante Ricardo Pardo Zancada (los tres últimos implicados en el 23F), y exministros franquistas como Gonzalo Fernández de la Mora o Federico Silva Muñoz y el «falangista franquista» Jesús Fueyo Álvarez.⁶⁵​²¹⁰​ Sin embargo, Roberto Muñoz Bolaños considera que quien se encontraba detrás del colectivo era el comandante José Luis Cortina del CESID, que quería «crear una auténtica psicosis golpista en la opinión pública española, principalmente en la élite política» para impulsar la «Solución Armada» que él promovía.²¹¹​ Este primer artículo llevaba por título «Análisis político del momento militar» en el que, tras criticar la política del gobierno Suárez en relación con las Fuerzas Armadas, se daban una serie de consejos amenazadores al posible sucesor del presidente: «El sucesor debería reunir las condiciones necesarias para recuperar la autoridad moral sobre unos militares que, ante todo y sobre todo, apetecen el ejercicio de su profesión en un ambiente de honor y disciplina, al servicio de España, de todos los españoles y de un sistema de libertades que respete la pluralidad en el ser y en el sentir, pero sin que ello menoscabe o ensombrezca la innegable unidad de la Patria».²¹²​²¹³​ El segundo artículo del Colectivo Almendros se publicó el 22 de enero de 1981, también en El Alcázar.²¹⁴​ En él se defendía la formación de un «Gobierno de amplios poderes» para resolver los problemas del país (paro, terrorismo, seguridad ciudadana), entre los que incluían «la razonable reconducción del proceso autonómico y la reforma de la Constitución». Y si esta opción no era aceptada se amenazaba con un golpe de Estado militar: «Ni nos abruma el fracaso del ensayo democrático actual ni carecemos de vigor y fuerza para resolver nuestros males».²¹⁵​

En Navidad el presidente Suárez le dijo al miembro de su partido Fernando Álvarez de Miranda, quien había acudido al Palacio de la Moncloa alarmado por lo que se decía por los círculos madrileños: «Sí, ya sé que todos quieren mi cabeza. Ese es el mensaje que mandan hasta los socialistas: un Gobierno de coalición presidido por un militar, el general Armada. No aceptaré ese tipo de presiones, aunque tenga que salir de la Moncloa en un ataúd».²¹⁶​²¹⁷​ Por esas fechas el socialista Múgica Herzog sondeaba al ministro de Sanidad, Alberto Oliart, sobre si apoyaría un gobierno presidido por el general Armada.²¹⁸​ Por su parte Armada se reunía a finales de diciembre con el embajador de Estados Unidos en España, Terence Todman, en Santa Cruz de Ribadulla (La Coruña), encuentro al que también asistió Pío Cabanillas, hombre fuerte de la UCD en Galicia y ministro sin cartera del Gobierno de Suárez (a principios de noviembre Todman había enviado un informe a Washington en el que decía que el rey Juan Carlos le había manifestado «su pesimismo sobre la situación interna de España, particularmente como resultado de la aparente ineficacia del primer ministro Suárez para afrontar los problemas domésticos»).²¹⁹​

Estación de esquí de Baqueira Beret donde el 3 de enero de 1981 el general Alfonso Armada visitó al rey Juan Carlos I que se encontraba allí pasando las vacaciones navideñas. En esa «trascendental conversación»²²⁰​ Armada le expuso al monarca el descontento de las Fuerzas Armadas y le informó de la existencia de militares de alta graduación dispuestos a tomar medidas radicales.

El 3 de enero, unos días después de que el rey hubiera desautorizado veladamente al presidente Suárez en el tradicional mensaje de Navidad, el general Armada se entrevistó con el monarca en Baquiera Beret, donde la familia real estaba pasando las vacaciones navideñas.²²¹​ En esa «trascendental conversación», en palabras de Juan Francisco Fuentes,²²⁰​ Armada le expuso el descontento de las Fuerzas Armadas y le informó de la existencia de militares de alta graduación dispuestos a tomar medidas radicales (es probable que entonces el rey le prometiera que le encontraría un destino en la capital).²²²​ Don Juan Carlos, alarmado, telefoneó al presidente Suárez, que se encontraba en Ávila disfrutando de unos días de descanso, y le dijo que fuera inmediatamente a Baqueira. Cuando llegó al día siguiente, el rey no le pidió la dimisión pero sí le echó en cara su mala gestión en relación con el Ejército.²²³​

El día 10 Armada viajaba a Valencia para informar a Milans del Bosch (sería la última vez que los dos militares hablaran cara a cara antes del golpe).²²²​²²⁴​ Trataron sobre «la posibilidad de que se produjesen acciones violentas» promovidas por ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y de la necesidad de evitarlo colocando a un «presidente neutral» al frente del Gobierno. Según les contó después Milans a sus ayudantes, Armada había llegado a la conclusión de que el rey «quería que diese un "golpe de timón" a la situación». Milans se convenció de que don Juan Carlos «está harto de Suárez», tal como lo manifestó unos días después.²²³​ Según uno de los condenados por el 23-F, de la reunión celebrada en Valencia el 10 de enero salió una dirección bicéfala de la conspiración, Milans-Armada, y de la que también formaba parte el teniente coronel Antonio Tejero, en contacto con Milans desde julio.²²⁵​

La reunión clave de la conspiración tuvo lugar un mes antes del golpe, el domingo 18 de enero de 1981, en el domicilio madrileño del teniente coronel Pedro Mas Oliver, ayudante del teniente general Milans del Bosch.²²⁶​ No hay acuerdo sobre los militares que estuvieron presentes, además de Milans del Bosch y de Tejero. Según José Luis Rodríguez Jiménez, estuvieron los generales Carlos Iniesta Cano y Manuel Cabeza Calahorra, este último integrante del Colectivo Almendros.²²⁷​ Juan Francisco Fuentes da por segura la presencia del general Luis Torres Rojas y como probable la del general Carlos Alvarado Largo, además de Iniesta Cano y de Cabeza Calahorra. Por su parte, Javier Cercas afirma que asistieron Iniesta Cano y Torres Rojas, y Roberto Muñoz Bolaños menciona a Iniesta Cano, a quien Milans del Bosch le pidió que abandonara la reunión porque no estaba en activo, y a Torres Rojas, además de los generales Alvarado Largo y Francisco Dueñas Gavilán.²²⁸​²⁰⁹​²²⁹​ Paul Preston nombra a Carlos Iniesta, a Manuel Cabeza Calahorra y a Luis Torres Rojas.²²⁶​ En lo que coinciden todos es en que no asistió el general Armada.²³⁰​ Según el ultraderechista Juan García Carrés, que afirmó haber estado presente en la reunión pero al que Milans del Bosch le obligó a que se marchara ya que era un civil,²³¹​ Milans dijo:²⁰⁹​

Hoy debería estar aquí el general Armada, pero a última hora me ha llamado excusando su asistencia por motivos de servicio. Os puedo anunciar que próximamente será designado como 2º Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, puesto clave en el caso de que S. M. el Rey diese la orden de actuar. Una vez que el Tte. Coronel [Tejero] haya ocupado el Congreso de los Diputados, producido el hecho detonante, se pondrá en marcha la operación Diana que motivaría el estado de alarma en todas las Fuerzas Armadas, lo que permitiría al general Armada desde su puesto controlar y dirigir el movimiento militar. El objetivo es, como todos sabéis, liberar a España de las lacras del terrorismo y del marxismo.

Aunque no estuvo presente (pero, según Juan Francisco Fuentes, «bebió de las mejores fuentes para narrar lo ocurrido»), el comandante Ricardo Pardo Zancada contó, en un libro que publicó en 1998, que en la reunión también se acordó que el general Torres Rojas se desplazaría desde La Coruña a Madrid para hacerse cargo del mando de la División Acorazada Brunete, clave para controlar la capital una vez se hubiera producido el asalto al Congreso dirigido por Tejero. También se refirió a las discrepancias que mantuvieron Milans y Tejero sobre el papel del general Armada. Tejero prefería la formación de una Junta Militar a un Gobierno de concentración presidido por este, pero Milans aparentemente lo convenció alegando que Armada era el enlace con el rey.²³²​²³³​ Según Roberto Muñoz Bolaños, en la reunión asimismo se acordó congelar el asalto al Congreso que iba a comandar Tejero a la espera de si el general Armada llegaba a alcanzar la presidencia del Gobierno por la vía «constitucional», mediante la moción de censura que se estaba preparando contra Adolfo Suárez.²³⁴​ Terminada la reunión Milans volvió a Valencia y allí ordenó a su ayudante el coronel Diego Ibáñez Inglés que viajara inmediatamente a Lérida para informar al general Armada de lo que se había acordado.²³⁴​²³⁵​ Ibáñez Inglés también cumplió con otro encargo de Milans: entrevistarse con el coronel San Martín, para que este paralizase las operaciones golpistas que estuviese preparando. Se reunieron en el Parador Nacional de Alarcón el 31 de enero, dos días después de la dimisión de Suárez. También trataron de la movilización de la DAC en caso de que fuera necesaria.²³⁶​ Cuando el 23 de enero se encontraba cazando en la sierra de Cazorla los servicios de inteligencia informaron al rey de que había habido una reunión de generales en la que se había hablado de la necesidad de una intervención militar, «ante lo cual regresó apresuradamente a Madrid».²³⁷​²³⁸​

Por aquellas mismas fechas —concretamente el 22 de enero— el rey intentó que el general Armada fuera nombrado 2º Jefe del Estado Mayor del Ejército (2º JEME), pero Suárez se negó en redondo —«surgió una seria discusión entre ellos»—²³⁹​ y don Juan Carlos aceptó su decisión.¹⁵²​²⁴⁰​ Sin embargo, acabaría siendo nombrado para el puesto el 3 de febrero, cuatro días después de la dimisión de Suárez, y el rey se lo comunicó personalmente por teléfono.²⁴¹​ Cuando Suárez, entonces ya presidente en funciones, se quejó del nombramiento el ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún le dijo: «Me lo ha pedido el rey». A lo que Suárez contestó: «Me parece que estamos cometiendo un error histórico».²⁴²​²⁴³​²⁴⁰​

La dimisión de Adolfo Suárez[editar]

Adolfo Suárez es aplaudido por los miembros de su gobierno y por los diputados de su partido UCD, tras haber superado la moción de censura presentada por el secretario general del PSOE Felipe González (21 de mayo de 1980). A su derecha el vicepresidente del Gobierno, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado.

El 29 de enero de 1981 Suárez anunció su dimisión como presidente del Gobierno y como presidente de su partido, la Unión de Centro Democrático (UCD).²⁴⁴​²⁴⁵​²⁴⁶​ En su intervención televisiva —en la que no hizo ninguna referencia explícita al rey—²⁴⁷​ dijo: «Me voy porque no quiero que por mi causa la democracia sea una vez más, un paréntesis en la historia de España».²⁴⁸​²⁴⁹​⁹⁸​²⁵⁰​ Se ha especulado mucho sobre las razones de la dimisión, ya que nunca llegaron a aclararse del todo.²⁵¹​²⁵²​²⁴⁵​ Años después dijo: «Nunca olvidaré el año 80».²⁵³​ Suárez siempre negó que la dimisión tuviera algo que ver con el posterior intento de golpe de Estado. «Si hubiera sabido algo, no hubiera dimitido», afirmó rotundamente cuando ya estaba retirado de la política.²⁵⁴​²⁵⁵​

El distanciamiento con el rey²⁵⁶​ fue un factor importante²⁵⁷​²⁵⁸​ —«definitivo», según Javier Cercas—²⁵⁹​. La pérdida del apoyo del rey se puso en evidencia con motivo del tradicional mensaje navideño ya que Suárez tras leer una copia del mismo antes de ser emitido lo consideró una clara desautorización de su política y por eso encargó al ministro de la Presidencia Rafael Arias-Salgado que lo modificara, aunque no consiguió suavizarlo del todo. En el mensaje navideño se decía que se debían asumir los errores propios sin echarle la culpa a los demás («Es urgente que examinemos nuestro comportamiento en el ámbito de responsabilidad que a cada uno es propio, sin la evasión que siempre supone buscar las culpas a los demás»).²⁶⁰​²⁶¹​ También se decía: «Quiero invitar a reflexionar a los que tienen en su manos la gobernación del país. Han de poner la defensa de la democracia y del bien común por encima de sus limitaciones y transitorios intereses personales, de grupo o de partido».²⁶²​ Por primera vez desde que era rey, don Juan Carlos compareció ante las cámaras sin la presencia del resto de la familia real.²⁶³​ En relación con el papel de la Corona circuló la historia de que el 23 o el 24 de enero Suárez fue víctima de una «encerrona» en el Palacio de la Zarzuela a donde había acudido para un almuerzo invitado por el rey. Allí se encontró con varios tenientes generales que le exigieron que dimitiera. Suárez se negó y en un momento de máxima tensión uno ellos puso su arma reglamentaria encima de la mesa. Suárez siempre calificó de falso «todo el relato, de arriba abajo».²⁶⁴​²³⁷​

La dimisión de Suárez no canceló los planes golpistas, aunque sí congeló momentáneamente la «solución Armada» (así se lo comunicó Milans del Bosch a los conjurados en una nueva reunión celebrada en el domicilio madrileño del coronel Mas Oliver).²⁶⁵​²⁶⁶​²⁶⁷​ El ultraderechista El Alcázar publicó un artículo titulado «Suárez se va, pero apenas nada cambia»: «todo lo que no sea cambiar el sistema, congelar la Constitución y emprender el intento honesto de construir una democracia a la española, se traducirá en un apresuramiento hacia la catástrofe inapelable».²⁶⁸​ El 1 de febrero el Colectivo Almendros publicaba su tercer artículo también en el El Alcázar, titulado «La decisión del mando supremo» y en él se volvía a insistir en la formación de «un Gobierno de regeneración nacional» «cuya única viabilidad se fundamentaría en el prestigio y la autoridad fáctica de quien lo presidiera» y que en caso de no constituirse (porque los partidos siguieran «obcecados más en sus cuestiones internas que preocupados por la decadencia nacional») «instauraría la posibilidad para una legítima intervención de las Fuerzas Armadas».²¹⁴​²⁶⁹​²⁷⁰​²⁷¹​

Ese mismo día 1 de febrero Emilio Romero, el antiguo director del diario de la Organización Sindical franquista Pueblo, defendió en un artículo publicado en ABC la necesidad de «un golpe de timón» y para encabezarlo propuso al general Armada.²⁷²​²⁷³​²⁷⁴​²⁷⁵​²⁷⁶​ El 12 de febrero le respondía Antonio Izquierdo, director de El Alcázar, quien daba por seguro que si Leopoldo Calvo Sotelo, el candidato propuesto por Suárez²⁷⁷​ (y aceptado por el rey el día anterior) para ocupar la jefatura del ejecutivo, no conseguía la investidura, «gobernaría un general, por supuesto,... pero no precisamente aquél a quien señaló Emilio Romero en un reciente comentario en ABC».²⁷²​ Sobre Armada el expresidente de la Generalidad de Cataluña Josep Tarradellas comentó tras entrevistarse con él en Lérida el 1 de febrero: «¡Este hombre está lanzado! Me preocupa» (pretendía presidir un gobierno de salvación que evitara la «catástrofe» a la que estaba abocado el país). El 3 de febrero era nombrado a propuesta expresa del rey 2º Jefe del Estado Mayor del Ejército, tal como se había asegurado en la reunión que habían mantenido los conspiradores el 18 de enero en Madrid.²⁷⁸​²⁷⁹​²⁸⁰​ Al enviado de Milans del Bosch, el coronel Ibáñez Inglés, Armada le dijo ese mismo día que ya contaba con el visto bueno de todos los partidos políticos y de las organizaciones sociales (patronal, Iglesia Católica) para presidir el gobierno y que por eso lo destinaban a Madrid (esto fue lo que afirmó Ibáñez Inglés en el juicio por el 23-F). De hecho este convencimiento se puso de manifiesto dos días después durante una cena ofrecida por el presidente de la Generalidad de Cataluña cuando Armada le dijo a la esposa de Jordi Pujol: «No creo que Calvo Sotelo llegue a ser presidente del Gobierno».²⁸¹​²⁸²​

Salón de plenos de la Casa de Juntas de Guernica donde los representantes de Herri Batasuna mostraron su rechazo a los reyes de España en el acto que había organizado el gobierno vasco con motivo de su visita al País Vasco.

El 4 de febrero se producían los incidentes de la Casa de Juntas de Guernica de 1981 (los diputados de Herri Batasuna interrumpieron el discurso del rey Juan Carlos I cantando con el puño en alto el himno Eusko Gudariak). Era el primer viaje que hacían los reyes al País Vasco.²⁸³​²⁸⁴​²⁸⁵​²⁸⁶​ Dos días después, el 6 de febrero, aparecía asesinado el ingeniero de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan, que había sido secuestrado el 29 de enero por ETA militar.²⁸⁷​²⁸⁵​²⁸⁸​²⁸⁹​ El 13 de febrero moría en el hospital penitenciario de Carabanchel el miembro de ETA Joseba Arregui, a causa de las torturas a las que había sido sometido. ²⁹⁰​²⁹¹​ Era la primera vez que ocurría desde la muerte de Franco.²⁹²​

Sobre los incidentes de la Casa de Juntas el general Fernando de Santiago, que había sido vicepresidente del gobierno, publicó un artículo en El Alcázar titulado «Situación límite» en el que decía:²⁸³​²⁹³​

El espectáculo de Guernica es la muestra del estado de descomposición en que se encuentra España. Es intolerable y vejatorio todo lo que está pasando. En Guernica se insultó a España y al Rey, que ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, se ofendió a quienes nos honramos con sus uniformes… No podemos continuar impasibles ante tanto caos. En nuestra Patria no se respeta a nadie. La larga marcha de secuestros y de asesinatos de civiles, militares, guardias civiles, policías, etcétera, es la prueba más evidente de que aquí no hay autoridad y, por tanto, hay que restablecerla. Los partidos políticos no representan al pueblo en estos momentos. […] En nuestra historia hemos vivido momentos tan difíciles como el presente, pero siempre, en situaciones parecidas a ésta, hubo españoles que rescataron y salvaron a España.

El 8 de febrero el mismo diario publicaba un nuevo artículo del teniente general De Santiago (en cuya redacción también había intervenido el ultraderechista Juan García Carrés) titulado «Jornadas de meditación» en el que decía que «nunca el orgullo o la dignidad de los españoles había llegado a menos, aceptando con resignación y pasividad los asesinatos constantes del terrorismo, la quiebra económica, el paro creciente, la inseguridad ciudadana, el servilismo y la desorientación exterior y la incapacidad y la irresponsabilidad verbalista de los políticos. […] Se hace por ello necesario un colectivo enérgico, valeroso, desinteresado y solidario para que sea escuchado y atendido».²²⁷​

Dos días antes, el 6 de febrero, el general Armada, que ya había sido nombrado 2º Jefe del Estado Mayor del Ejército, cenó a solas con el rey en Viella (Valle de Arán) y la sobremesa, según el testimonio del secretario de la Casa Real Sabino Fernández Campo, se prolongó hasta las tres de la madrugada (Javier Cercas sitúa la cena en el Palacio de la Zarzuela).²⁸⁹​²⁹⁴​²⁶⁵​ Armada le sugirió al monarca que lo propusiera a él como candidato a la presidencia del gobierno, sometiéndose a continuación a la votación de investidura del Congreso de los Diputados, tal como establecía la Constitución. No se sabe lo que le contestó el rey —Paul Preston sugiere que le recordaría a Armada que estaba obligado a escuchar las recomendaciones de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios—²⁸⁹​ pero no hay que descartar que dudara como lo probaría que tardara once días en presentar la candidatura de Leopoldo Calvo Sotelo, el elegido por UCD para sustituir a Suárez.²⁹⁵​ Fue el 10 de febrero.²⁹⁶​²⁹⁷​ Paul Preston comenta: «Si en efecto [el rey] hubiera estado decidido a promover un gobierno de coalición presidido por el general Armada, este hubiera sido el momento para orientar a la élite política en tal dirección».²⁴⁶​

La designación de Calvo Sotelo como candidato a la presidencia del Gobierno «fue el final de la Operación Armada, el final de la operación solamente política», afirma Javier Cercas.²⁹⁸​ Roberto Muñoz Bolaños coincide con Cercas: la designación de Calvo Sotelo puso fin a lo que él llama la fase «constitucional» de la «Solución Armada» (y que Cercas denomina «la operación solamente política»). Comenzó entonces la fase «pseudoconstitucional» (en la terminología de Muñoz Bolaños) que desembocaría en el 23-F.²⁹⁹​ Como ha destacado Cercas, ninguno de los conjurados renunció a sus expectativas por lo que «descongelaron» la operación militar usándola «a modo de ariete para imponer por la fuerza una receta política que no había podido imponerse por medios solamente políticos».²⁹⁶​

De hecho, el general Armada aún hizo un último intento para salvar la «operación solamente política», como la llama Cercas. Consiguió reunirse con el Rey el 13 de febrero para intentar persuadirle de que se retractara de su decisión de designar a Calvo Sotelo. Según Paul Preston, «Armada llegó incluso al extremo de decir al Rey que su prestigio en las Fuerzas Armadas estaba en su punto más bajo desde su acceso al trono». Don Juan Carlos lo remitió al vicepresidente Gutiérrez Mellado y este recordó posteriormente que cuando Armada fue a verle estaba lleno de ira. Decía que el rey estaba cometiendo un inmenso error al aplicar mecánicamente la Constitución y proponer a un civil en el lugar de Suárez. Gutiérrez Mellado concluyó que Armada «por salvar la Corona, según sus criterios» estaba dispuesto a «aceptar soluciones contrarias a la persona de Su Majestad el Rey».³⁰⁰​ Durante el juicio el general Armada pidió permiso al rey para poder desvelar lo que hablaron entonces, sólo en lo que le atañía personalmente, pero Juan Carlos no le contestó, lo que ha sido presentado por algunos autores como Roberto Muñoz Bolaños como una «prueba» de la implicación del rey en el 23-F.³⁰¹​ Paul Preston ofrece otra explicación: «Sabino Fernández Campo sabía que otorgarlo 

Son las 18:20 horas. La voz del secretario, Víctor Carrascal, desgrana con parsimonia los nombres. «¡Manuel Núñez Encabo!». El diputado, que representa a la provincia de Soria junto a Gabriel Cisneros y Juan Ignacio Sáenz-Díez de la Gándara, vota 'no'. Pero su voz apenas puede oírse, un ruido sospechoso irrumpe en la Cámara. Botas, uniformes, galones, pistolas… El grito es marcial, seco, desafiante: «!Quieto todo el mundo¡», «¡Al suelo!».

Entre la maraña de uniformes que acaba de asaltar el Congreso sobresale un teniente coronel que tres años antes había cumplido condena por urdir en la cafetería 'Galaxia' el secuestro del Gobierno. «Es Tejero», le confía a Núñez Encabo, en voz baja y a ras de suelo, un compañero de escaño. «¡Un golpe de Estado!». Presagia lo peor mientras Tejero y sus edecanes disparan al techo y el miedo se apodera de su ánimo, piensa en su hijo de apenas un año y le vienen a la cabeza aquellos versos de Antonio Machado, fallecido un 22 de febrero pero de 1939: «Españolito que vienes/ al mundo te guarde Dios./ Una de las dos Españas/ ha de helarte el corazón».

Segundos después, un subordinado irrumpe en el despacho de la sede de la VII Región Militar. «Han tomado el Congreso. Ha habido disparos». «Señores, la partida se interrumpe»: Campano se sacude la pereza y se incorpora con celeridad. Permanece un instante pensativo. Descuelga el teléfono y emite, taxativo, órdenes precisas: «Soy Campano. Hazte cargo de la situación y me tienes al tanto».

Campano espera

Su interlocutor acata la orden sin intercambiar una frase más. Es el estilo de Manuel María Mejías, gobernador militar de la ciudad y hombre adictísimo al Rey. Es su hora. En breve contactará con el jefe de Estado Mayor, Rafael Gómez Rico, para poner en marcha la 'Operación Diana Alerta 2'. Todo lo contrario que Campano, que en ese mismo momento decide aislarse en su despacho y sumirse en un misterioso silencio; queda la luz de su lámpara, visible a través de la ventana, como único y preocupante testigo de su presencia.

Los teléfonos de las 'fuerzas vivas' hierven sin cesar. El del alcalde Tomás Rodríguez Bolaños lleva descolgado desde las 18:15 horas. Mantiene el transistor encendido mientras concierta una comida para el día siguiente, en Madrid, con el alcalde de Valencia, pues antes debe entrevistarse con el ministro de Hacienda. Paradoja trágica de la historia, el edil de la ciudad que será tomada por los tanques se entera de todo a través de la radio que suena al otro lado del micrófono.

«Nos llamamos». Rodríguez Bolaños sale a la antesala y suspende las visitas. Vuelve a descolgar el teléfono y habla con el gobernador civil, Román Ledesma Rodríguez, hombre cordial y moderado. Comentan la situación y coinciden en un diagnóstico preocupante: ninguno sabe nada de Campano, le han llamado a su despacho pero está ilocalizable, no responde al teléfono.

Ledesma intuye las razones de Campano. Así que despacha directamente con el gobernador militar, contacta en Madrid con el gobierno de urgencia formado por los secretarios de Estado y convoca a la Junta de Seguridad, formada por los responsables de orden público, en su propio despacho.

Entretanto, los concejales Manuel Vidal y Ovidio Fernández Carnero, que tampoco saben nada de Campano, se ofrecen para esconder al alcalde y a su segundo de entonces, Manuel González López. Ambos agradecen el gesto pero declinan el ofrecimiento. Antes de refugiarse en casa de su amigo Ángel Puertas, Rodríguez Bolaños regresa al despacho y ordena a la policía cerrar las puertas del Consistorio en prevención de un posible ataque de los ultras; y vuelve a descolgar el teléfono. «Todo está en calma», es la respuesta tranquilizadora de Manuel María Mejías, el hombre más activo del momento.

La misma que transmite al presidente de la Diputación Provincial, el centrista Federico Sáez Vera, a quien el golpe acaba de sorprender en plena reunión con el interventor Teodoro Merino y el diputado y alcalde de Muriel de Zapardiel, Ruperto Martín García, en su despacho de la Granja-Escuela 'José Antonio', sede de la institución en ese momento.

El Rey

Todo en calma, en efecto; pero en una calma tensa, electrizante. En Valencia, el capitán general Milans del Bosch, líder de los golpistas junto a Armada y Tejero, no solo ha sacado los tanques a la calle, sino que ha publicado un Bando decretando el estado de excepción. Y no cesa de repetir lo mismo: «Conmigo están los capitanes generales de la II, IV, V y VII Región».

También Don Juan Carlos estaba al tanto de la actitud de Campano: «El Rey me pidió que le informase de todo lo que supiera. Así lo hice. Le informé con todo detalle del malestar que había en las Fuerzas Armadas y de que se estaba preparando algo, un movimiento fuerte de generales y que tan pronto como se produjera se iban a sumar al mismo varias capitanías generales, como la III de Milans, la II de Merry Gordon, la IV de Pascual Galmes, la VII de Campano López y alguna otra más». Es el testimonio manuscrito del general Armada, reproducido por Jesús Palacios.

Pero no solo Campano aguarda; en la Academia de Caballería tiene lugar una escena sorprendente -según ha narrado Julio Martínez-: el general director, José María Álvarez de Toledo y Mencos, está terminando de vestirse para iniciar su tradicional paseo vespertino por el Paseo Zorrilla.

Es su costumbre terminar en el bar 'La Fragua', donde remata la jornada con una animada tertulia. Aún no se ha calzado cuando escucha los disparos de Tejero a través del transistor. En zapatillas, como una exhalación, baja las escaleras y se dirige al comandante que escucha la radio: «¿Han dicho ya algo del general Armada?» Premonitorio.

Pero nada comparado con lo que ocurre en la Brigada Acorazada, donde la llamada de Mejías es recibida con cierto desdén por el general jefe, Manuel Engo Morgado. Aunque la orden es no moverse y defender la lealtad constitucional, Engo contesta de malos modos. Nada más finalizar la conversación, telefonea al jefe del Regimiento de Farnesio, Gonzalo Navarro Figueroa, y le comunica su incomodidad.

Un comandante del Servicio de Información, que prefiere mantenerse en el anonimato, es testigo de la conversación. También de las intensas y numerosas reuniones que se suceden entre mandos de conocida tendencia involucionista. De inmediato, Navarro Figueroa llama al jefe de información y municiones y le da la orden: «Repostar todos los vehículos y municionar cada una de las unidades. Y esperar acontecimientos». Así se hace.

Los cuatro escuadrones, uno de carros, otro acorazado, uno ligero y otro de plana mayor, son repostados y municionados. En el destacamento del Pinar de Antequera permanecen preparados los tanques, y en el de la carretera de Madrid, los vehículos ligeros. «Quienes tengan teléfono pueden irse a su casa; los que no, se quedarán a dormir aquí». Listos para tomar la ciudad, listos para esperar la orden.

Ésta debe proceder, por supuesto, del capitán general, que aún aguarda en su despacho. Pero no está quieto. Descuelga el teléfono y habla con Milans: «Envíame el Bando», es su contestación a las presiones del de Valencia, que le anima a emularle.

A Campano lo devoran las dudas hasta que, por fin, se decide a dar el paso: llama al coronel auditor, Virgilio Peña, y le pide información sobre el Bando que acaba de recibir de Valencia. Peña, que junto a Mejías y Gómez Rico se mantiene fiel al orden constitucional, advierte a su superior de las gravísimas consecuencias jurídicas que concurren en él y se detiene en los obstáculos técnicos que lo hacen inviable. Inteligente estrategia. Campano se arredra. «Lo mejor es aguardar el pronunciamiento del Rey y escuchar a Gabeiras», le aconseja Peña. «¡Los jurídicos no hacéis más que joder!», responde Campano, tal como ha escrito en este periódico Carlos Gallego.

Es consciente de que sus inmediatos inferiores no están por la labor anticonstitucional y tampoco cuenta con el número suficiente de subordinados. La influencia de su familia, en especial de sus hijos, ha ido atemperando sus ínfulas pasadas, el auditor le aconseja que no se involucre y, para rematar, en septiembre pasará a la situación B. Lo tiene decidido: si el golpe triunfa, contarán con él; pero si fracasa, ¿para qué moverse?

Y no se movió. Fue el último en descolgar el teléfono y manifestar al Rey su adhesión. Su orden, por suerte, nunca llegó a Farnesio.